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PREGUNTAS AL MATERIALISMO HISTORICO
Hª DE LA DIALECTICA Y LA FILOSOFÍA
IMPERIALISMO, FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO

II República

 La II República Española (1931-1936)

El resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 dio la victoria a las fuerzas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades, y adquirió de este modo un carácter de plebiscito contra la monarquía. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII renunció a la corona, abandonó España y el 14 de abril se proclamó la República. El nuevo régimen se mostraba, a los ojos de gran parte de la población española, como una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un amplio programa de reformas económicas y sociales.

Sin embargo, la República nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional, el mundo debía hacer frente a la crisis mas grave del capitalismo, tras el crac bursátil de 1929. Ademas, en Europa, el fascismo había comenzado su escalada y ponía en peligro los sistemas democráticos.
En España, el régimen republicano fue recibido con entusiasmo por las clases medias y populares, pero era percibido con temor por las élites sociales y económicas.

La falta de tradición democrática en España, la conflictividad social, la lentitud de las reformas y la oposición de los grupos conservadores condujeron a la inestabilidad política. Tanto el primer gobierno republicano (1931-1933), una coalición de fuerzas progresistas, como el siguiente gobierno de derechas (1933-1935) tuvieron que adelantar: las elecciones. El triunfo del Frente Popular de izquierdas, en febrero de 1936, fue el pretexto para que los enemigos de la República decidieran alzarse en armas contra ella.

Las Elecciones y el gobierno Provisional
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades , en 41 de las 50 capitales de provincias y en la mayor parte de los núcleos industriales (en Madrid obtuvieron el triple de votos que en las elecciones anteriores y en Barcelona, el cuádruple). Por ello. aunque el numero de concejales monárquicos era ligeramente superior, se hizo evidente que una buena parte del electorado había apostado  por un cambio de signo.


El 14 de abril por la mañana, los concejales electos de la localidad guipuzcoana de Eibar proclamaron la República y, a lo largo del día. lo hicieron los concejales de Valencia Sevilla, Oviedo., Zaragoza, Barcelona, etc., mientras la población salia a la calle de forma espontanea y pacifica para celebrarlo. Ante la nueva situación el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y ese mismo día abandonó el país, partiendo hacia el exilio.

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastian constituyeron un gobierno provisional, que el mismo día 14 se presentó en el Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, y  proclamó oficialmente la Segunda República española. Los miembros de ese gobierno representaban a las principales fuerzas de la conjunción republicano-socialista: republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalán  y gallegos. Al margen de la coalición quedaban la derecha monárquica los nacionalistas vascos y el obrerismo mas radical (comunistas y anarquistas) El gobierno provisional convoco inmediatamente elecciones a Cortes constituyentes) para  el día 28 de Junio.

Paralelamente, el gobierno decreto una serie medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general a los presos políticos , la proclamación de las libertades políticas y sindicales y la designación de altos cargos de la administración. Igualmente se proyectaron algunas tareas urgentes: la reforma del ejercito,  el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica, medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierra por no poder pagar las rentas, así como actuaciones para afrontar la crisis renunció  Las promesas de-cambio. de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular pero también con la animadversión de los grandes-propietarios agrícolas, la oligarquía financiera , parte del ejercito y la Iglesia.
Las elecciones generales del 28 de Junio tuvieron una alta participación  (70,14%)., victoria fue a la coalición republicano-socialista , que obtuvo 250 diputados sobre los 464 que componían la Cámara Baja.

La Constitución de 1931
Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, y el ejecutivo quedo en manos de la coalición vencedora, que ratifico en sus cargos al jefe de gobierno Nicolas Alcala Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. Las Cortes  nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución, que fue aprobado en diciembre de 1931, después de intensos debates.

La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenia un marcado carácter democrático y progresista, que se evidencia en el articulo primero del titulo preliminar, donde se define a España como " una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia" y se establece que todos los poderes emanan del pueblo. La Constitución agrupaba los siguientes principios:
-El Estado se configuraba de forma "integral", pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
-El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara con atribuciones muy amplias. el poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como en el presidente de la República, jefe del Estado y representante institucional.
El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.


Se reconocía una amplia declaración de derechos y  libertades y existía una preocupación por los temas sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante  la Ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. Se reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social. Se establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez se concedía el voto a las mujeres. Por último, se hacia una clara afirmación de la laicidad del Estado, al no declarar ninguna religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas y aunque fue aprobada por amplia mayoría (368 votos), existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha:, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y Autonómica. La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución provocó  la dimisión de los sectores católicos del gobierno, por lo cual Manuel Azaña sustituyo en la jefatura del gobierno a Niceto Alcala Zamora, y  este pasó a ser presidente de la República.

Partidos y sindicatos de la II República.
La etapa republicana inauguró un periodo de gran actividad de las formaciones políticas y sindicales. El Parlamento pasó a ser el centro de la vida política del país. Sus sesiones tenían una amplia repercusión en la prensa y en la opinión publica, que experimentaron una creciente politización.

Las formaciones de Izquierdas.
En la izquierda política destacaron dos partidos republicanos de ámbito estatal: los Radical-socialistas, con cierta implantación entre las clases medias e intelectuales y Acción Repúblicana que contaba con importantes personalidades como Manuel Azaña. El papel de estos partidos en la República proviene mas de su prestigio que de su fuerza electoral. En el ámbito regional, lo mismo sucedió con la Organización Republicana Autonomista Gallega (ORGA), pero no así con Esquerra Republicana de Catalunya un partido de amplia militancia electoral. Todos estos grupos fueron partidarios de grandes reformas, pero no mantuvieron posturas revolucionarias.


El partido mas solido y. estructurado en la izquierda era el Partido Socialista Obrero Españoll (PSOE). Su fuerza creció de manera espectacular durante la República. Dentro del PSOE existían dos corrientes, una socialdemócrata, partidaria de retrasar los planteamiento revolucionarios y encabezada por  Julian Besteiro e Indalecio Prieto. Y otra mas revolucionaria que consideraba la República solo como un camino hacia el socialismo. Este sector estaba liderado por Largo Caballero, secretario general de la central sindical socialista UGT, que contaba con 277011 afiliados en 1930. Mas a la izquierda destacó, en 1931, el Partido Comunista de España (PCE). Surgido de la rama bolchevique del socialismo, creció rápidamente entre el movimiento obrero y campesino. En 1936 se creo el POU-M (Partido Obrero de Unificación Marxista), de tendencia antiestalinista.

Mención aparte merece el  Sindicato anarquista CNT, que en 1936 ya contaba con un millón de afiliados. En esta central sindical se enfrentaban dos corrientes. Por una parte, los trentistas defendían una orientación más moderada y netamente sindicalista, mostraban un cierto apoyo a la República y consideran que la revolución no podría ser obra de una minoría "audaz", sino de un esfuerzo colectivo de los trabajadores organizados sindicalmente. Por otra parte la corriente mas radical formada por un sector revolucionario alrededor de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) que defendía la vía insurreccional armada. Estaba dirigida por lideres como Durruti, Ascaso o Garcia Oliver.

Los grupos de derecha
Existían algunas formaciones republicanas de centro-derecha que contribuyeron a advenimiento de la República, como el veterano Partido Radical dirigido por Lerroux, o la Derecha Liberal Republicana. Estos grupos derivaron hacia posiciones conservadoras contrarias a las reformas del gobierno republicano.

Los partidos conservadores y católicos tradicionales se desmoronaron tras la proclamación de la República. solo sobrevivieron una multitud de pequeños grupos. Algunos manifestaron una oposición radical a la República; otros demostraron una cierta aceptación al  nuevo régimen republicano pero con planteamientos muy conservadores. Entre estos grupos, cabe destacar el Partido Agrario, el Partido  Liberal Demócrata y Acción Española, un núcleo intelectual (Jose Maria Peman, Ramiro de Maeztu) cuya misión era armar ideologicamente a la derecha y presentar a la monarquía católica y tradicional como la única defensa frente a la revolución social.

El gran partido de la derecha católica y conservadora  fue la Confederación Española  de Derechas Autónomas (CEDA), una poderosa coalición electoral creada en 1933 y dirigida  por Jose Maria Gil Robles Defendía la propiedad agraria, el tradicional peso de la Iglesia y el ejercito, así como los intereses de los propietarios. En Cataluña los grupos conservadores representados la  Lliga Regionalista y en el País Vasco, por el Partido Nacionalista Vasco .

Con los mismos objetivos, pero con una actitud claramente hostil hacia la República, existían grupos monárquicos como Renovación española, partido liderado por Jose Calvo Sotelo,que defendía claramente la necesidad de un golpe de Estado y que llegó a acuerdos electorales  con los carlistas agrupados en La Comunión Tradicionalista.

Por último, pequeños grupos de corte nacionalsocialista y fascista crearon, en 1931, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unidas mas adelante a Falange Española, partido fundado en 1933 y dirigido por Jose Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador. Presentaban una ideología antidemocrática, una defensa a ultranza del nacionalismo español y se organizaron en grupos paramilitares de acción directa, dispuestos a enfrentarse con los militantes de izquierda.

La cuestión religiosa
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipulo la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil y se secularizaron los cementerios.


Ademas, el temor a la influencia que las ordenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza.
El proceso se completó con la Ley de Congregaciones (mayo de 1933), que limitó la posesión de bienes a las ordenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado, El enfrentamiento mas grave se produjo con los jesuitas, debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa profesado por esta orden, acusados de depender de un poder extranjero, la Compañia de Jesús fue disuelta, y sus bienes, nacionalizados.

La buena parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo, El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales, que entre los dias 11 y 12 de mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosos en varias ciudades (Madrid, Sevilla, Cadiz, Murcia ...), ahondó esos temores. La jerarquía eclesiástica, salvando excepciones como la del cardenal Vidal y Barraquer, no dudo en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra. La actitud manifiestamente hostil del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, y del obispo de Vitoria provocó que el gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.

La modernización del Ejercito
El gobierno republicano estaba convencido de que el ejercito necesitaba una profunda transformación. Manuel Azaña, que desde la presidencia del gobierno asumió la cartera de Defensa, impulsó una reforma que pretenda crear un ejercito profesional y democrático. Para ello se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia (un oficial por cada tres soldados en 1917), poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejercito en la vida política.


Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo integro si así lo deseaban. Mas de la mitad de la oficialidad aceptó la oferta antes de acabar el año. Ademas, se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores mas golpistas del ejercito. Se clausuraron las Capitanías Generales y desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar así como la prensa destinada exclusivamente al ejercito. Posteriormente se creó la Guardia de asalto, una fuerza de orden publico fiel a la República.
La reforma, técnicamente bien planteada, tuvo resultados limitados. Se consiguió la disminución de los gastos del ejercito, pero la reducción del presupuesto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. Ademas, la reforma fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas como una agresión a la tradición militar y al poder del ejercito. La derecha aprovechó ese descontento para animar a la revuelta militar contra la República .

La Reforma Agraria
La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres (jornaleros). Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel que desempeñaba la agricultura en la economía española. En 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas y casi la mitad trabajaban en la agricultura, de las cuales unos 2 millones eran jornaleros (750000) arrendatarios y aparceros, y el resto, pequeños y medianos  propietarios. Asimismo, en Andalucía, Castilla y Extremadura, mas del 50 % de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de grandes propietarios.

Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento. También fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello.

Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. El objetivo de la ley no era un cambio radical de la situación ni una colectivización de la tierra, sino la modernización de la agricultura. La ley permitía la expropiación sin indemnización de tierras de una parte de la nobleza (los grandes de España), mientras las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.

La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos ente (entre 1932 y 1934 se establecieron unas 12000 familias).


Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia ley, la lentitud y las dificultades burocráticas para su aplicación, la falta de presupuesto destinado a las  indemnizaciones y, finalmente, la resistencia de los propietarios. que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Por un lado, los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los
enemigos de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y, viendo frustradas las esperanzas depositadas en la República, se orientaron hacia posturas mas revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios de cortijos, reyertas con la Guardia Civil...).

La reforma del estado centralista
La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española.


En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macia, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastian determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) cuya primera tarea seria la elaboración de un Estatuto de Autonomía. Una comisión quedó encargada de redactar el estatuto (Estatuto de Nuria), que fue aprobado en referéndum popular con el 99 % de los votos y presentado a las Cortes para su discusión en agosto de 1931.

La Constitución, aprobada en diciembre de ese mismo ano, ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero estableció recortes con respecto al texto elaborado en Nuria. La aprobación del estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero gracias a la determinación del jefe de gobierno, Manuel Azaña, fue aprobada finalmente en septiembre de 1932.

El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y - la cooficialidad del catalán. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya y Francesc Macia fue elegido presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en junio de 1931 un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retraso .indefinidamente debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la constitución republicana. En octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobó un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. Jose Antonio Aguirre, principal dirigente  del PNV, fue elegido primer lendakari.

En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemonica En consecuencia. el proceso estatutario fue mucho mas lento y el 28 de junio de 1936 se sometió a plebiscito el proyecto de estatuto que no llego nunca a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil.

La obra educativa y cultural
Otra reforma importante, de gran trascendencia popular y a la que se dedicaron muchos recursos, fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido, por primera vez en nuestra historia a toda la población. El centro de su actividad fue, sobre todo, la enseñanza primaria, y así se crearon 10000 escuelas y 7000 plazas para maestros, mientras el presupuesto de educación se incremento en un 50 %. Se intento acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta laica, obligatoria y gratuita.

Por otro lado,  los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de  mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Con el apoyo de numerosos intelectuales y artista, se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores mas humildes. Las Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca, organizado por Federico Garcia Lorca .

Las reformas Laborales
El socialista Francisco Largo Caballero inició, desde el Ministerio de Trabajo una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo.
Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos, como el de la intervención obrera en las empresas

Una coyuntura económica desfavorable
El cambio de régimen coincidió con la fase mas grave de la depresión económica mundial iniciada con el hundimiento de la Bolsa  de Nueva York en Octubre de 1929. Esta crisis incidió, como hemos visto en la economía española de manera más débil que en otros países occidentales, debido a la reducida relación de nuestra economía con el mercado internacional, aunque indudablemente imposibilito el crecimiento económico, ya que toda la economía mundial entraría en una profunda recesión.  Asimismo, la crisis mundial paralizó la emigración a América, que constituía una válvula de escape para el paro crónico de regiones como Galicia o Andalucía.

En cualquier caso, la crisis internacional agravó en la etapa republicana los problemas internos de la economía española: paro agrícola, reparto desigual de la  tierra, escasa competitividad internacional, déficit de la balanza comercial, etc. A estos problemas crónicos se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano.
Así pues, el aumento de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno del primer bienio, aunque tuvo algunos efectos positivos sobre la economía al elevar la renta de los trabajadores y aumentar la demanda de bienes de consumo (textil, alimentación, etc.), no se correspondió con  un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. Esto dio lugar a un aumento del descontento y la desconfianza del empresariado industrial y de los grandes propietarios agrícolas. Como consecuencia, la inversión privada tuvo un hundimiento espectacular, sobre todo hasta noviembre de 1933, cuando la coalición de republicanos y socialistas fue derrotada en las elecciones.

por último el gobierno opto por una política orientada a disminuir  el gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. Pero la disminución de la inversión pública tuvo repercusiones desastrosas sobre los sectores de bienes de inversión (siderurgia, construcción de maquinaria, construcción naval etc.), al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada.

La Conflictividad Social
La lentitud de las reforma emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores teniendo en cuenta que el paro era muy alto y la actitud de la patronal y de los propietarios agrícolas, contraria a cualquier negociación. En Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, donde había un predominio de los latifundios, la reforma agraria representaba para muchos campesinos la única esperanza de mejorar su nivel de vida.

La voluntad  revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT vio la ocasión idónea para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral (huelgas generales) y la insurrección campesina con el fin de destruir el orden burgués existente. La conflictividad social alcanzo su punto álgido a partir de 1933, cuando a los intentos revolucionarios de la CNT se sumaron los sectores -radicales del socialismo encabezados por Largo Caballero, especialmente a través de la organización socialista del campo, la Federación de Trabajadores de la Tierra, que tenia mas de 450000 miembros. El Partido Comunista dirigido desde 1932 por Jose Diaz, también aumentó su militancia en mas de 11000 miembros.

Las Huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento (402 huelgas en 1930, 734 en 1931 y 1127 en  1932).
En 1932, los anarquistas propiciaron una sublevación de  mineros en Cataluña (Alto Llobregat) y en 1933, de campesinos en Andalucía (Casas Viejas). Estas revueltas consistían en tomar el Ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario, y finalizaban con la llegada de las tropas de la Guardia Civil o de la Guardia de Asalto La posterior represión solía ser muy cruenta y en algunas ocasiones provocaba la  muerte de campesinos, como en el caso de Casa Viejas (Cadiz), donde las fuerzas del orden dieron muerte a doce personas. También los socialistas  alentaron revueltas campesinas, como la de Castilblanco en Extremadura.

Estos hechos  produjeron un enorme desgaste del gobierno. que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden publico. Ademas  los conflictos aumentaron la desconfianza empresarial y, en consecuencia desincentivaron aun mas la inversión provocando un rápido empeoramiento de la situación económica. La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la República para intentar acabar con la coalición republicano-socialista.

La reorganización de las Derechas
Las reformas republicanas (autonomía de Cataluña, reformas agraria, militar y religiosa...) y la conflictividad social disgustaron a las élites ideológicas (Iglesia, grandes propietarios de tierras, organizaciones patronales...),así mismo amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado radicales. Todos estos grupos se fueron organizando alrededor de los tradicionales partidos tradicionales o de las nuevas organizaciones de carácter fascista y autoritario para oponerse al gobierno.

El centro derecha se estructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux, que atrajo a grupos de empresarios, comerciantes y propietarios agrícolas, no tan opuestos a la República como a su carácter de izquierdas. Igualmente, a lo largo del año 1932, la derecha monárquica católica y conservadora consiguió importantes progresos e impulso grandes campañas como la oposición a la reforma religiosa, a la reforma agraria y al Estatuto de Cataluña. La  CEDA, surgida en 1933, contó rápidamente con un buen numero de afiliado y con un líder indiscutible:  Jose Maria Gil Robles.

Asimismo, Renovación Española (Jose Calvo Sotelo), la Comunión tradicionalista (carlistas) y muy especialmente los grupos fascistas de las JONS y de la Falange aunque minoritarios, realizaron una intensa actividad de agitación contra lo que ellos consideraban el avance del marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de crispación y de  temor que acabo arrastrando al conjunto de la derecha.

En este contexto algunos sectores del ejercito pretendieron aprovechar el descontento generado entre los grupos mas conservadores de la sociedad. Haciéndoselo eco de este malestar, el general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado (agosto 1932) con la pretensión de forzar el viraje de la  República a la derecha, pero fracaso estrepitosamente. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME) como  una organización clandestina de militares derechistas y antirrefomistas, que tendría  una activa participación en el golpe de Estado de julio de 1936.

Las Elecciones de 1933: el gobierno de derechas

Las Elecciones generales se celebraron  el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron las mujeres, y tuvieron una alta abstención. La izquierda se presentó a los comicios desunida: los republicanos y los socialistas enfrentados por los conflictos sociales de la etapa anterior, presentaron candidaturas separadas; ademas, importantes masas obreras optaron por la abstención a petición de la CNT, que defendía su tradicional apoliticismo revolucionario.

Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró dos años de gobierno conservador, también conocido como (Bienio Negro)

Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de(Alejandro Lerroux) y la CEDA de (Gil Robles). El presidente de la República Alcala Zamora, poco partidario del talante extremista y antirrepublicano de la CEDA, confió la formación de gobierno al Partido Radical, que conformó un gabinete mono color, pero que contaba con el apoyo parlamentario de la CEDA, bajo la promesa de una inmediata rectificación de las reformas del bienio de izquierdas.

La paralización de las reformas
El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió total libertad de contratación. lo que supuso una tendencia a la baja en los salarios de los jornaleros. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas.

La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, en manos de los republicanos de izquierda,  a raíz de la promulgación, en 1934, de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas (rabassaires) acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban pagando a los propietarios unos precios tasados. Los propietarios catalanes organizados alrededor de la conservadora Lliga Catalana, buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes. Estas enviaron la Ley al Tribunal de Garantías Constitucionales, que determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. El gobierno de la Generalitat  no aceptó la anulación y aprobó una nueva ley prácticamente idéntica, dejando el conflicto en una situación critica.

Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar, en las Cortes, la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV

Asimismo el gobierno también intento contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. En cuanto al ejercito, no se anulo la reforma emprendida por  Azaña, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con  Sanjurjo en 1932 y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. En materia de educación, se respetaron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo considerablemente el presupuesto.

El viraje conservador y la  obstrucción de las reformas impulsadas en el bienio de izquierdas   tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. Su ala mas izquierdista, liderada por Francisco Largo Caballero, propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas y propicio la revolución social ; el sector más moderado, liderado por Indalecio Prieto, defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la República y profundizar en el proceso reformista. El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon  una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se materializó en la proliferación  de huelgas y conflictos.
Ante esta situación,  la CEDA endureció su posición y reclamo una acción más contundente en materia de orden publico, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El jefe del gobierno accedió a estas peticiones y el 5 de octubre de 1934 otorgo tres carteras ministeriales a la CEDA.

La Revolución de Octubre de 1934 
La izquierda interpreto la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. El movimiento fracasó a nivel nacional por  la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra, pero los acontecimientos fueron especialmente graves Asturias y Cataluña.

En Asturias los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previa entre anarquistas , socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia civil y sustituyeron  los ayuntamientos por comités revolucionarios.
que asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de  agua y electricidad. Los mineros sitiaron Oviedo dispuestos  a defender la revolución y se enfrentaron con las fuerzas del orden. El gobierno envió desde África  a la Legión, al mando del general Franco para reprimir el levantamiento. La resistencia se prolongo durante diez días, pero finalmente fue derrotada.

La represión fue durísima: mas de 1000 mineros muertos,. muchos como resultado de ejecuciones sumarias
ordenada por los mandos militares, 2000 heridos y unos 5000 detenidos, lo cual desencadenaría una campana de solidaridad internacional con las victimas.


En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter mas político que en Asturias. Contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, LIuis Companys, sucesor de Francesc  Macia, muerto en 1933.
Companys pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido por ello, proclamó el 6 de octubre la República catalana dentro de la Republica federal española, al mismo tiempo que una alianza de partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, UGT, Unión de Rabassaires y comunistas) organizaba una huelga general. La negativa de la CNT, fuerza obrera mayoritaria, a participar en la  huelga y el escaso apoyo ciudadano hicieron fracasar la insurrección.

Se declaró el estado de guerra y el ejercito, al mando del general Batet, ocupó el Palacio de la Generalitat. Hubo mas de 3500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona. Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios lideres de la izquierda, entre ellos Largo Caballero .

La crisis del segundo bienio
Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó se influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación mas dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de Contratos de Cultivo y los campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas, incluidos los atrasos desde 1931. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor.

La CEDA presentó, en julio de 1935, un anteproyecto para modificar la constitución, que recogía una revisión muy restrictiva de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras. Tanto los radicales como el mismo presidente de la República, Alcala Zamora, se mostraron  favorables a esta reforma, pero el proyecto no llegó a ser votado.


Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo (una ruleta trucada que bajo soborno se había intentado implantar en varios casinos españoles) y los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales (Nombela). Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Los radicales de Lerroux estaban completamente deslegitimados para gobernar y se hacia imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido, pero Alcala Zamora se negó y decidió a finales de diciembre, convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

¿Influyo el voto de las mujeres en el triunfo de las derechas?
En las elecciones de noviembre de 1933, por primera vez mas de seis millones de españolas tuvieron derecho a ejercer el voto, según había sido dispuesto en la Constitución de 1931. La discusión de este precepto constitucional fue muy intensa y en el debate se produjeron diversidad de opiniones sobre la conveniencia o no de otorgar el voto a las mujeres. Triunfó la idea, defendida por los sectores mas izquierdistas, de que no era una cuestión de oportunidad sino de elemental justicia.

El hecho de que en las primeras elecciones celebradas con sufragio femenino se produjera el triunfo de las derechas dio origen a una importante polémica sobre la influencia del voto femenino en la victoria de las candidaturas mas conservadoras.

Las fuerzas de izquierda atribuyeron el triunfo del centroderecha al voto femenino, al considerar que las mujeres eran tradicionalmente mas conservadoras y estaban mas influidas por las recomendaciones de la Iglesia católica. Esta percepción se veía confirmada por las posiciones de los partidos de derechas, que alabaron la sensatez del comportamiento femenino, el cual, defendiendo la religión y la familia, había asegurado la "paz social" en España.

Sin embargo, las investigaciones posteriores han introducido serias dudas sobre si el voto femenino fue tan determinante en el triunfo de la derecha, teniendo en cuenta que en 1933 los resultados fueron similares a los de 1931 en muchos lugares y que, en las elecciones de 1936, los resultados serían de un signo completamente diferente.

Las Elecciones de Febrero de 1936
Para presentarse a las elecciones, los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, una coalición electoral basada en un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participo  en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo que de hecho significaba el apoyo al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas constituidas coaliciones constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional) y en algunas provincias se incluyo a los radicales y a la Lliga Catalana.  Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado.


En las Elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48 % de los votos y se convirtió en la fuerza ganadora. Las derechas obtuvieron el 46,5 % de los sufragios y las fuerzas de centro solo un 5,4 %. La derecha tuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, Leon, Navarra y parte de Aragon, mientras que la izquierda obtuvo la mayoría en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), en las zonas industriales y en las regiones del litoral.

De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana ), mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, con gran oposición de la derecha y de buena parte  del ejercito, y Casares Quiroga, jefe del gobierno

El Frente Popular
El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía -fueron excarcelados unos 30000 presos políticos- y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de la huelgas de octubre de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933 y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos.

Esperanzados con las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas defendían  la necesidad de acciones revolucionarias, y también un sector del socialismo encabezado por Largo Caballero, se orientaba hacia soluciones radicales cercanas a las del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales; en el campo, especialmente en Andalucía y Extremadura  los jornaleros se adelantaban a la legislan y ocupaban las tierras.

La  nueva  situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios  de tierras se opusieron a las medidas del gobierno; algunos empresarios industriales cerraron fabricas y expatriaron capitales y la Iglesia_volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de  enfrentamiento civil y crispación política. Utilizando la dialéctica de los puños y las pistolas", en palabras de Jose Antonio, grupos de falangistas formaron  patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los lideres izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes radicales de la izquierda. A excepción de Cataluña y de  las zonas del Norte, los enfrentamientos se propagaron, entre febrero y julio de 1936, por todo el país.

Hacia el golpe de estado
La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República. La misma noche  de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar el  Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó "un alzamiento que restableciese el orden". En los primeros momentos, la conspiración tuvo escasa fuerza escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general  Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936 .

Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultaneo en todas la guarniciones posibles, siendo claves las de Madrid y Barcelona, con protagonismo especial del ejercito de África, el mejor preparado, al mando del general Franco. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno traslado de destino a los generales más directamente implicados en los complots (Franco, a Canarias, y a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos.

La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas (sectores monárquicos, carlistas, cedistas, falangistas, etc.). También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi, Pero las discrepancias entre los conspiradores en cuanto al  tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían aplazar la fecha del levantamiento. El día 14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo de izquierdistas, del dirigente monárquico Jose Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierdas. Su muerte acelero los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio dando origen a una

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