VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PREGUNTAS AL MATERIALISMO HISTORICO
Hª DE LA DIALECTICA Y LA FILOSOFÍA
IMPERIALISMO, FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO

REVOLUCIÓN MEJICANA

EL PORFIRIATO

Las causas de la Revolución Mejicana se resumirían en varios factores, esencialmente de índole socio-económico que estuvieron larvandose en este país durante décadas. a la misma vez supondría la configuración vital del estado mejicano según lo conocemos en nuestros días. Pocos conocen de esta Revolución fue de las primeras que se produjeron en el mundo, incluso antes que la Revolución Sovietica, siendo sus factores principales, el estado catastrófico del gobierno de Porfirio Diaz, la imposibilidad de encontrar una solución pacifica a la sucesión presidencial, los intereses confrontados sociales y estamentales con un sustrato de fin de ciclo en las clases dominantes dentro de un contexto internacional muy revuelto.

En los inicios del S. XX la realidad de Mejico era muy distinta del resto de paises latinoamericanos. Con una economía que tiraba, debido sobre todo a la urbanización e industrialización del país, en cambio venía sufriendo una dictadura funesta a cargo de Porfirio Diaz y las desigualdades entre clases era galopante, así como la distribución equitativa de la tierra. a diferencia del resto de países latinoamericanos, Mejico no disponia de sindicatos, partidos o parlamentos que pudieran defender los intereses de unas clases que empezaban a despuntar. Por contra si que existía un dictador como Porfirio Diaz que reprimía cualquier respuesta social u obrera.

En este marco de cosas la cuestión agraria se demostro como crucial para el advenimiento de la Revolución Mejicana en 1910. Con una estructura de distribución de tierras anquilosada en el tiempo, donde según en que zonas predominaba la de propietarios en ciertas regiones del norte y del occidente del país, prevaleciendo en el resto una distribución de la propiedad muy desigual, con pocos pero extensos latifundios y con un número enorme de comunidades campesinas. El más claro ejemplo de las comunidades que sufrieron usurpaciones pero que conservaron su estructura tradicional y su identidad es el de los pueblos campesinos del estado de Morelos. Las aspiraciones de estas comunidades a conservar su autonomía y su identidad y a recuperar sus tierras hacían predecible un conflicto muy violento. Lo mismo podría decirse de las comunidades indígenas: si en países como Argentina y Chile casi fueron exterminadas las tribus indígenas como resultado de las campañas militares que se hicieron para despojarlos de sus tierras y poder integrarlas a un modelo moderno de explotación económica, en México subsistieron con relativo vigor y mantuvieron su capacidad de lucha: el ejemplo de los yaqui es muy ilustrativo.

En resumen, solo en México se dio esta explosiva combinación, que hacía posible la alianza de campesinos, obreros y clases medias; esto es, que haría posible una revolución y no solo una rebelión campesina, o una revolución y no solo una reforma política. 

Además de esta limitación estructural, el gobierno porfiriano sufrió varias crisis profundas. Porfirio Díaz era un mestizo oaxaqueño, había destacado en los ejércitos liberales que habían luchado contra los conservadores y la intervención francesa, pero luego se distanció de Benito Juárez y de sus compañeros liberales por sus aspiraciones a la presidencia. Su prolongado régimen dio comienzo con el triunfo de la rebelión de Tuxtepec, que estalló en 1876 contra la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada.

Una vez en el poder, su gobierno pasó por tres etapas. La primera se extendió hasta finales de la década de 1880 o principios de los noventa, y se caracterizó por ser el período de ascenso y consolidación en el poder, durante el cual Díaz construyó su aparato político con equipos de colaboradores propios. Sobre todo, cambió el proyecto nacional, pues si con los gobiernos liberales anteriores al suyo –los de Benito Juárez y Lerdo de Tejada– los objetivos habían sido la libertad y la ley, con Díaz lo serían el orden y el progreso.

Durante sus primeros años de gobierno se apoyó en militares de su total confianza, tanto para la impostergable pacificación del país como para adquirir el control del ejército. Su finalidad era contener o desplazar a los principales jefes militares, competidores naturales suyos en tanto que también eran héroes de las guerras de Reforma e Intervención. Asimismo, carente de un equipo civil suficientemente amplio, al principio Díaz desarrolló prácticas conciliatorias e incluyentes, gobernando con políticos y burócratas provenientes de equipos ajenos y diversos. Durante sus primeros años también acudió a la represión de sus enemigos: si para los que estaban conformes con su planteamiento hubo canonjías, para los renuentes hubo diversos castigos; por último, si tuvo que apoyarse en los grupos políticos previos, en cuanto pudo impuso gente suya, aunque fueran inexpertas o externas a la región donde se les colocó.

Con base en estos mecanismos se logró una desconocida estabilidad durante la primera etapa del largo régimen de Díaz, como lo confirman sus relativamente fáciles reelecciones de 1884 y 1888. Esto implicaba la falta de competidores políticos.También implicaba la falta de conflictos políticos o sociales mayores. Dado que Díaz era un hombre intuitivo y pragmático, percibió que el anticlericalismo liberal había dividido al país, por lo que fue tolerante con la Iglesia y la religión católicas, mostrándose renuente a aplicar ciertas disposiciones de la Constitución de 1857, con lo que se obtuvo una considerable reconciliación ideológica nacional. La estabilidad política y la paz social logradas, además de las nuevas condiciones económicas nacionales e internacionales, explican que durante esos años se haya obtenido el reconocimiento del gobierno estadounidense y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los principales países europeos, como Francia e Inglaterra.

La segunda etapa del largo régimen porfirista, que se prolongó desde 1890, aproximadamente, hasta los inicios del siglo XX, se distinguió por el perfeccionamiento del control político y por el notable crecimiento económico alcanzado. Es indudable que durante los años de la primera etapa se habían sentado las bases de este crecimiento, al sanearse la hacienda pública mediante la reducción de los gastos militares y la renegociación de la Deuda Externa.

El crecimiento económico también tuvo como antecedente la modernización de los códigos minero y comercial, la instalación de las primeras instituciones bancarias modernas y el tendido de vías ferroviarias y de líneas telefónicas y telegráficas. Sin embargo, fue entre 1890 y 1904, aproximadamente, cuando se logró un crecimiento económico cuantioso y sostenido. Arribaron entonces los empréstitos y las inversiones europeas y estadunidenses; se realizaron inmensas obras de infraestructura; surgió una agricultura moderna, con cultivos de exportación, y también apareció una minería industrial que rebasó la de los metales preciosos; a su vez, la industria progresó notablemente, y los ferrocarriles y el telégrafo dieron impulso al comercio interno y ayudaron a la integración del país y al fortalecimiento gubernamental. El comercio exterior también recibió gran impulso, con lo que México adquirió un nuevo puesto entre las naciones del mundo.

El segundo periodo, el del auge fue uno de constante despolitización del país. Fueron años definidos, ilustrativamente, con el lema de “poca política y mucha administración”. En ellos Díaz gozó de un respaldo generalizado, sin oposición alguna: prácticamente desaparecieron las contiendas electorales, la independencia de los poderes legislativo y judicial y las críticas en los grandes periódicos. Sobre todo, desaparecieron las oposiciones armadas, que habían sido constantes a todo lo largo de siglo XIX: las últimas expresiones violentas de oposición fueron la rebelión de Tomochic, en Chihuahua y la de Canuto Neri, en Guerrero. 

La política se hizo excluyente y vertical, reservada para Díaz y una pequeña camarilla compuesta por los miembros de su gabinete, los gobernadores, “jefes políticos”, senadores, diputados y jueces, casi todos permanentemente reelectos, lo que impedía que las nuevas generaciones ingresaran al aparato político. Además, los políticos porfirianos estaban encuadrados en dos equipos: uno era el grupo de los “científicos”, decisivo en los ámbitos de la economía y la educación; el otro era el encabezado por Bernardo Reyes, artífice del progreso en el noreste del país y responsable de la modernización, la disciplina y la despolitización del Ejército Federal. 

El crecimiento económico no podía ser permanente. Su naturaleza implicaba ciertas limitaciones profundas, que amenazaban con provocar serios problemas políticos y sociales. El sistema político también adolecía de contradicciones. Por lo tanto, era más que probable que el período de auge deviniera de crisis y decadencia, transformación perceptible desde principios del siglo. Las crisis de finales del régimen porfiriano fueron graves, múltiples, simultáneas e insolubles, y afectaron con intensidad variada los aspectos político, económico, social, diplomático y cultural del país.

Ya para esa época junto a los primeros síntomas de agotamiento político del régimen dictatorial de Porfirio Diaz, con una avanzada edad,  (nacido en 1830) por aquel entonces. se empezaron a entrever disputas dentro de los equipos de gobierno, divididos entre lo que vinieron a llamarse " científicos" y "reyistas". Tras la decisión del dictador de decidir su sucesor en la figura de vicepresidente (Ramón Corral), a uno de los de un grupo, se creo un cisma y un debilitamiento de de su gobierno, pasándose desde ese momento a  ser el grupo de los "reyistas" oposición y críticos de los "científicos". esta circustancia también se trasladó a las zonas de los estados mejicanos, proclives hasta ese día a un equilibrio de poder, pero posteriormente se decantó el poder  hacia los "científicos". 

La crisis económica tuvo causas estructurales y coyunturales, internacionales y nacionales. Primero que todo, el crecimiento había sido desigual: hubo varias regiones, numerosos sectores y amplios grupos sociales no beneficiados. Además, en 1907 una severa depresión económica azotó a Europa y Estados Unidos, encareciendo las importaciones y disminuyendo nuestras exportaciones. La situación repercutió inmediatamente en nuestro todavía incipiente sistema bancario, que redujo al máximo los créditos a industriales y hacendados y buscó cobrar los adeudos que estos ya tenían. Las secuelas en la economía mexicana fueron de enorme gravedad. 

La disminución de las exportaciones, el encarecimiento de los insumos y la suspensión de los créditos para los industriales hizo que muchos disminuyeran sus actividades productivas, con lo que se redujo la jornada diaria o el número de días laborales a la semana, estrategias que se tradujeron en una disminución de los ingresos reales de los trabajadores; peor aún, algunos industriales disminuyeron el número de sus trabajadores o incluso cerraron sus empresas, lo que golpeó a muchos oficinistas y obreros. Por lo que respecta a los hacendados, la falta de créditos también los obligó a reducir sus cultivos, afectando el nivel de empleo y los ingresos de sus diversos tipos de trabajadores. A diferencia de los industriales, los hacendados buscaron resolver la falta de créditos aumentando las rentas a sus rancheros, medieros y aparceros, y endureciendo las condiciones laborales de sus jornaleros y peones.

Ante tal coyuntura el gobierno mejicano se vio perjudicado en sus ingresos y tuvo que aumentarlos a sectores que no le eran muy partidarios, como las clases altas. También el carácter de la crisis internacional hizo que tuvieran que volver muchos mejicanos residentes hasta ese momento en EEUU, por lo que se encontraban en Mejico como "brazos caídos". Ala misma vez se declaro una sequía en los años 1908 y 1909, la que provocó serias disminuciones en la producción agrícola: el aumento del precio del maíz lo sufrieron todos, aunque en mayor medida las regiones que lo tenían que importar, o los hacendados que tenían que alimentar un alto número de peones; hubo regiones, como Zacatecas, que padecieron doble: la sequía y la caída del precio de la plata. En resumen, la magnífica situación de finales del siglo XIX se tornó dramática a p rincipios del S. XX, y la crisis económica terminó siendo también crisis social y crisis política, porque había acabado con el prestigio de los “científicos”, encabezados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, grupo que Díaz había escogido para sucederlo. 

El Porfiriato padeció también una severa crisis social desde finales del siglo XIX. En el ámbito rural, tuvo su origen en la pérdida de tierras sufrida por las comunidades campesinas en favor de las haciendas vecinas desde que el crecimiento urbano-demográfico provocó un aumento en la demanda de productos agropecuarios, y cuando dicha demanda pudo ser satisfecha con un extenso sistema ferroviario. Se empezó a expropiar y a sustraer tierras que hasta entonces habían pertenecido a tribus indígenas para el enriquecimiento de los potentados de aquel tiempo, dejando a colonias enteras sin espacio donde implantarse. No fueron pocas las comunidades que con el tiempo radicalizaron sus posturas políticas, terminando algunas por sumarse a la lucha armada contra Díaz a finales de 1910.

La crisis social afectó también a los sectores urbanos: los conflictos obreros en Cananea y Río Blanco fueron los principales pero no los únicos. Dado que ambos conflictos antecedieron a la crisis económica de 1907 y 1908, sus causas deben buscarse en otros factores, ya sea en los reclamos nacionalistas contra el número y las ventajas de los trabajadores estadounidenses, o en las quejas contra las condiciones salariales y laborales, respectivamente. Además, no fueron pocos los trabajadores que se politizaron al constatar que se restringían sus derechos, por sufrir condiciones laborales severas o al conocer la mejor situación socioeconómica y jurídico política que se disfrutaba en Estados Unidos, país al que muchos migraban temporalmente. Las represiones obreras de 1906 y 1907 fueron prueba de que Díaz había perdido su habilidad como negociador político y su capacidad para encontrar soluciones positivas para la mayoría. Sobre todo, mostraron que Díaz había sido un político útil para cohesionar e integrar al país a finales del siglo XIX, para disciplinarlo y darle orden, estabilidad y rumbo, pero que el suyo no era un régimen adecuado para enfrentar los problemas que traería la modernización del siglo XX.

La crisis diplomática fue de las primeras en manifestarse, y sus secuelas fueron incalculables. Desde su ascenso al poder Díaz había dedicado grandes esfuerzos al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y con algunos países europeos. La estabilidad política alcanzada y las crecientes relaciones económicas desarrolladas con estos países dieron a  Porfirio Diaz una buena imagen internacional. Luego de un siglo de vida independiente, el país comenzaba a ser apreciado por otras naciones. Sin embargo, a finales del siglo XIX sobrevino un cambio mayúsculo: Estados Unidos adquirió gran fuerza en el Caribe, pues Cuba y Puerto Rico se le aliaron después de independizarse de España. Díaz percibió la amenaza de que el vecino evolucionara a potencia imperial moderna. 

Para contrapesar su creciente influencia aumentó sus relaciones económicas y políticas con Europa y Japón, decisión que fue resentida por Estados Unidos. A partir de entonces dejaron de considerar al dictador como el gobernante ideal. Si bien el gran volumen de sus inversiones hacía muy riesgoso cualquier intento de desestabilización desde el exterior, Estados Unidos se distanció de Díaz y decidió esperar la aparición de una alternativa política en México que les favoreciera. Para colmo, la competencia entre Estados Unidos e Inglaterra por el petróleo mexicano –auténtica “manzana de la discordia”– hizo más tirante la relación. Esto explica que Estados Unidos haya creído haber encontrado la solución en el movimiento antirreeleccionista de 1910.


CRÍTICOS, OPOSICIONISTAS Y PRECURSORES


Los diferentes problemas enfrentados durante los últimos años del gobierno porfirista generaron críticas y movimientos opositores entre diversas clases sociales y grupos políticos; es más, las posturas radicalizadas de algunos de ellos justifican que se les considere precursores de la Revolución
Mexicana. Los primeros en expresar sus críticas fueron ciertos sectores católicos, influidos por las renovadoras ideas en materia social sostenidas por el Vaticano desde 1891, cuando León XIII proclamó la encíclica Rerum Novarum, que pretendía ofrecer una solución cristiana a los conflictos sociales.

Su objetivo era convencer a los industriales europeos y estadounidenses de otorgar mejores condiciones laborales para evitar la radicalización del movimiento obrero. Sus repercusiones en México fueron evidentes: si a pesar del acercamiento entre el gobierno y la Iglesia católica logrado en el Porfiriato se censuraba moderadamente a Díaz por conservar los principios liberales anticlericales de la Constitución de 1857, por el alto número de masones que había entre sus colaboradores, por el apoyo otorgado a los protestantes, especialmente en el norte del país, y por la decisión gubernamental de que la filosofía positivista, abiertamente anticatólica, dominara parte de la educación pública nacional, luego vino a sumarse la crítica sociopolítica, cuando la encíclica Rerum Novarum, pensada para el mundo industrial europeo, fue adaptada por los católicos mexicanos para su entorno, abrumadoramente rural. 

Aunque defendían la propiedad privada como un derecho natural, criticaban los excesos de la injusta estructura agraria, así como las inhumanas condiciones laborales imperantes en la mayoría de las haciendas mexicanas. De los reclamos contra la situación agraria los católicos pasaron a censurar el militarismo, el caciquismo y la falta de democracia. Si bien no se criticó personalmente a Porfirio Díaz, al que siempre reconocieron grandes méritos históricos, lo cierto es que las constantes críticas dirigidas a algunos aspectos de su gobierno en periódicos tan importantes como El País y El Tiempo tuvieron que erosionar su prestigio y el favorable consenso alcanzado. El impacto sociopolítico de tales cuestionamientos, aunque moderados y dirigidos a las clases medias, no puede ser minimizado. 

Motivaciones de signo contrario dieron lugar al surgimiento, hacia 1900, de otro importante grupo antiporfirista, encabezado por descendientes de los liberales de mediados de siglo –como Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano– y en el que participaron diversos sectores de la clase media urbana, como profesionistas, periodistas, maestros y estudiantes. Reclamaban el alejamiento gubernamental de los principios liberales originales. Su propuesta era reorganizar al llamado Partido Liberal, con el objeto de que presionara a Díaz para que volvieran a aplicarse dichos principios: anticlericalismo, libertad de expresión, democracia electoral, separación de poderes, adecuada administración de justicia y autonomía municipal. Para iniciar sus labores reorganizativas se convocó a los defensores de las ideas liberales a un congreso en San Luis Potosí, en pleno centro del país. Entre los asistentes destacaron los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, hijos de un oaxaqueño juarista que había luchado en el bando liberal, pero avecindados en la ciudad de México, donde cursaron estudios jurídicos y donde publicaban, desde 1900, el periódico crítico Regeneración

El inicio de sus actividades políticas dio como resultado la radicalización de los liberales: Regeneración agregó a su nombre el subtítulo de “periódico de combate”, lo que acaso motivó su primera clausura; Antonio Díaz Soto y Gama, joven abogado potosino, fue encarcelado por un discurso en el que, en forma inusitada, dirigió críticas directas contra Díaz. Hacia 1903 extendieron sus críticas a los “científicos”y a Bernardo Reyes; además, comenzaron a cuestionar la conveniencia de la inversión extranjera y a ocuparse del mayor problema social del país: la situación de los campesinos y los obreros. Como respuesta, el gobierno incrementó la represión, lo que forzó a muchos de aquellos liberales a optar por el exilio, radicándose en Estados Unidos. 

La experiencia norteamericana fue dramática y decisiva, con deserciones, escisiones y radicalizaciones. A través del mismo periódico, Regeneración, durante un tiempo siguieron proponiendo métodos pacíficos de lucha y se mantuvieron afines a la ideología liberal: así lo demuestra su “Programa del Partido Liberal”, redactado en 1906 . A partir de entonces asumió el liderazgo Ricardo Flores Magón, quien pronto evolucionaría hacia la ideología anarquista. Son varias las explicaciones de dicho tránsito: sus relaciones eran con miembros de las organizaciones socialistas y anarquistas norteamericanas; además, al residir en un país más industrializado que México, Flores Magón y sus allegados tendieron a otorgar la función de vanguardia al movimiento obrero y a los intelectuales de clase media ligados a él, diagnóstico inadecuado para un país rural, lo que los llevó a cometer errores de estrategia política. 

Su alejamiento de México se agravó cuando las influencias que llegaron a tener en el movimiento obrero se vieron disminuidas por las represiones en Cananea y Río Blanco. Como resultado de la represión de Cananea fueron encarcelados Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, ambos militantes locales del magonismo, y en Río Blanco el encarcelado fue Heriberto Jara, quien también simpatizaba con el magonismo y con el movimiento obrero.

El mayor error estratégico magonista, producto de la radicalización y el distanciamiento, consistió en convocar a las armas en 1908, decisión que generó nuevas escisiones. Además de que el gobierno había aumentado sus precauciones, incluso infiltrando al grupo exiliado, este no hizo los preparativos adecuados dentro del territorio nacional; sobre todo, el llamado a la lucha armada estaba fuera de tono, pues después de la entrevista concedida por Díaz al periodista norteamericano James Creelman el país había entrado en un optimismo democrático auténtico, en espera de las elecciones de 1910, pues se había prometido que serían libres, sin la participación reeleccionista del dictador Porfirio Diaz.

La represión contra los obreros hizo que los magonistas perdieran buena parte de sus aun reducidas bases proletarias, y su llamado a las armas acabó con la simpatía que pudieran haber gozado entre las clases medias.

A pesar de que desde 1908 decayó su influencia, es incuestionable su importancia histórica: negaron al gobierno de Díaz su filiación liberal, lo que erosionó notablemente su prestigio; fueron ellos quienes dirigieron las críticas más constantes y certeras al régimen porfirista; gracias a Regeneración se concientizaron y politizaron muchos mexicanos; en sus filas adquirieron experiencia varios líderes que luego destacarían en la Revolución Mexicana –como Antonio I. Villarreal–; su estancia en Estados Unidos sirvió para minar el prestigio internacional del dictador, pues el socialista John Kenneth Turner era uno de sus amigos y contó con un guía magonista para realizar los reportajes que luego conformarían el impactante e influyente libro México bárbaro.

La auténtica importancia política no siempre coincide con el prestigio histórico. A diferencia de los magonistas, cuya influencia declinó a partir de 1908, las preferencias de Díaz por los “científicos” provocaron que los reyistas, hasta entonces leales porfiristas, se convirtieran en un muy importante grupo opositor. La carrera político-militar de Bernardo Reyes había sido intensa: hasta 1885 realizó labores de pacificación en varias regiones del país; durante los siguientes años fue un exitoso jefe porfirista en el noreste del país, destacando su gubernatura de Nuevo León; de 1900 a 1903 tuvo un destacado aunque conflictivo paso por el gabinete de Díaz como secretario de Guerra y Marina, puesto que lo proyectó a nivel nacional. Este ascenso motivó los celos del grupo “científico”, por lo que el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, disminuyó su presupuesto y convenció a don Porfirio de que Reyes sería un pésimo sucesor.

Sobre todo, introdujo en Díaz la desconfianza y la suspicacia, al convencerlo de sus ambiciones y su deslealtad, y argumentó que Reyes había organizado la Segunda Reserva para introducirse en ese amplio sector de la sociedad civil como parte de su estrategia sucesoria, más que buscando dar educación militar a los jóvenes. Las obvias preferencias de Díaz en el conflicto entre los “científicos” y Reyes hicieron que este renunciara al gabinete y regresara en 1903 a su gubernatura de Nuevo León. Sin embargo, ya no sería el gobernador favorito de Díaz; todo lo contrario: ahora Reyes encontraría obstáculos y críticas orquestadas desde la capital del país. Consciente de haber perdido el respaldo presidencial y con un proyecto diferente al de los “científicos”, Bernardo Reyes buscó sus propios soportes a partir del diseño de un programa de gobierno distinto: gracias a un par de leyes avanzadas en materia laboral pudo establecer buenas relaciones con el movimiento obrero; asimismo, con su moderado nacionalismo fomentó el desarrollo de la burguesía y de las clases medias autóctonas.

Sobre todo, la buena fama de Reyes creció al mismo tiempo que los “científicos” se desprestigiaban por la crisis económica de 1907 y 1908. De hecho, las promesas respecto a la sucesión hechas por Díaz mediante su entrevista a Creelman sirvieron para que los numerosos partidarios de Reyes empezaran a organizarse y movilizarse, con el objetivo de presionar a don Porfirio para que recapacitara y lo escogiera como su vicepresidente en las elecciones de 1910: rápidamente surgieron agrupaciones, clubes, periódicos y libros en contra de los “científicos” y a favor de Reyes. Fue tal la capacidad y fuerza mostradas por sus partidarios, que Díaz, preocupado, envió a Reyes comisionado a Europa a finales de 1909. 

La mayor parte de sus seguidores, al quedar el grupo acéfalo, cambió su filiación en favor de un movimiento que apenas nacía, contrario a la reelección y encabezado por un hacendado y empresario coahuilense, Francisco I. Madero. Así, el valor de los reyistas radica en que su escisión debilitó al régimen; en que se dedicaron a desprestigiar a los “científicos”, grupo elegido como sucesor por don Porfirio; en que fortalecieron al movimiento antirreeleccionista al traspasarle numerosos “cuadros” con prestigio y experiencia burocrática, política y hasta militar; y en que tal apoyo era multiclasista, con clases altas, medias y bajas, predominantemente urbanas. Algunos de los reyistas importantes que devinieron antirreeleccionistas fueron Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez, Luis Cabrera y José M. Maytorena, entre muchos otros. De todos los movimientos que antecedieron a la Revolución Mexicana, el reyista fue, seguramente, el que más elementos le aportó. Es más, el propio Reyes acusó a Madero de haber organizado su movimiento aprovechándose del suyo.


DE LA OPOSICIÓN A LA LUCHA ARMADA

Los conflictos que había entre “científicos” y reyistas y la tardía concentración de los poderes político y económico se expresaron regionalmente en competidas contiendas electorales en Coahuila, Sinaloa, Morelos y Yucatán.

Estos procesos se agravaron y redimensionaron con el surgimiento del movimiento antirreeleccionista, de pretensiones nacionales. La importancia de estas campañas regionales fue mayúscula: sirvieron de experiencia para muchos, facilitaron las primeras alianzas entre los diversos grupos oposicionistas y se formaron numerosos “cuadros” de gran influencia en los años venideros. Su importancia creció cuando pudieron ser integrados en un movimiento general, el que contaba con un líder que se dedicó a articularlos en su proyecto. El líder del antirreeleccionismo era Madero, miembro de una destacada familia del noreste del país con inmensos y variados intereses económicos. 

Dado que se beneficiaban de la política económica porfiriana, los Madero tenían una buena relación con el grupo de los “científicos” Sin embargo, sus relaciones con Bernardo Reyes, el hombre fuerte en Nuevo León y Coahuila, habían sido bastante ásperas. Aprovechando la pérdida de influencia de Reyes, desde 1904 el joven Madero inició actividades políticas para oponerse electoralmente a las autoridades reyistas en su pueblo –San Pedro de las Colonias– y en su estado, actividades que obtuvieron la simpatía y el discreto apoyo de los “científicos”.

A consecuencia de sus fallidos intentos antirreyistas y de la crisis económica de 1907 y 1908, y acaso motivado también por su espiritismo, Madero radicalizó su oposicionismo: se distanció de los “científicos” y llegó a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opusiera a la reelección de Díaz en 1910. Al efecto escribió un libro, La sucesión presidencial en 1910 y posteriormente se abocó, durante la segunda mitad de 1909 y los primeros meses de 1910, a la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista.

Este objetivo lo llevó a realizar tres giras para promover la creación de clubes antirreeleccionistas, los que a su tiempo organizarían convenciones estatales en las que deberían nombrarse delegados ante la convención nacional en que se constituiría formalmente el partido y se designaría a sus candidatos para las elecciones presidenciales. Su objetivo era crear un partido desde abajo, de principios, de alcance nacional y no personalista.

Las giras llevaron a Madero por diversas regiones del país. En la primera, de mediados de 1909, se dirigió al este, hacia Veracruz, de donde se embarcó al sureste, a la península de Yucatán. Dicha gira destacó por su visita a lugares conflictivos: Orizaba –Río Blanco– había sido teatro de la represión obrera a principios de 1907; en Yucatán había habido poco antes una campaña militar contra los indios mayas y las condiciones laborales en las fincas henequeneras eran de las peores del país; además, Yucatán acababa de tener una conflictiva contienda electoral.

La segunda gira tuvo lugar a finales de 1909, y los destinos fueron los estados del occiden te y noroeste del país: Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. La característica principal de esta fue la captación que Madero hizo de numerosos reyistas, quienes se habían quedado acéfalos con la salida de su caudillo rumbo a Europa. El notable crecimiento del antirreeleccionismo a partir de la incorporación de numerosos elementos reyistas, así como de la de algunos magonistas que prefirieron luchar electoralmente y no con las armas en la mano, orilló a Díaz a dirigir contra él sus medidas represivas. 

La tercera gira, a principios de 1910, por el centro del país, lo llevó a Guana juato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Esta gira se dio ya en un clima de abierta hostilidad. Comprensiblemente, la represión gubernamental provocó, al margen de algunas deserciones, la radicalización del movimiento antirreeleccionista, que se convirtió en partido político y designó como sus candidatos a Madero y al ex reyista Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia, fórmula que sellaba un cierto pacto entre ambos movimientos. Hasta ese momento Madero había demostrado tener una gran capacidad política, pues en poco tiempo había transitado de la oposición local y regional a la nacional; además de haber expandido enormemente su popularidad había terminado por desplazar a otros movimientos oposicionistas más legitimados y experimentados, como lo eran el magonismo y el reyismo, integrando bajo su liderazgo a gran parte de las bases y dirigentes del último de estos movimientos. Ya como candidato presidencial inició otra gira, pero pronto fue aprehendido –acusado de incitar a la rebelión– y confinado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encarcelamiento tuvieron lugar las elecciones, resultando reelectos Díaz y Ramón Corral.

Los antirreeleccionistas clamaron ser víctimas de un fraude , sin ser atendidos por las autoridades, y poco después Madero huyó a Estados Unidos, refugiándose en San Antonio, Texas. Madero y un pequeño grupo de íntimos redactaron allí un plan, en el que se convocaba a la lucha armada, el que fecharon antes de su salida de San Luis Potosí para evitar ser acusados por las autoridades norteamericanas de organizar una rebelión en su territorio contra un país con el que se tenían plenas relaciones diplomáticas, además de cuantiosos tratos comerciales. ¿Cómo se explica que apelara a las armas un pacifista convencido de los males que estas acarrean a los países y de que el único procedimiento adecuado era la lucha democrática? ¿Con quiénes pensó Madero que se haría esta lucha armada? ¿Imaginó las secuelas que traería la violencia? Acaso la explicación se encuentre en el perfil de los redactores del Plan, entre los que había antirreeleccionistas, ex reyistas y hasta ex magonistas, mientras que profesionalmente había abogados y militares; por último, socialmente eran
miembros de las clases medias, a excepción del propio Madero, perteneciente a la alta burguesía. Esto explica la compleja naturaleza del Plan, el que hace un llamado a las armas al mismo tiempo que propone una lucha contenida. 

Es indudable que Madero, y casi todo su movimiento, hubieran preferido una transición pacífica a la alternancia. Madero sabía que sus bases eran mayoritariamente de clase media urbana, pues en las giras solo había entrado en contacto con este sector social. Como era previsible, el llamado a las armas para el 20 de noviembre de 1910 no fue secundado por sus seguidores antirreeleccionistas, pues no reunían las condiciones adecuadas para una aventura armada; además, ser conocidos como maderistas y habitar en poblaciones urbanas los hacía vulnerables: la muerte de los hermanos Serdán , en Puebla, fue una cruel advertencia gubernamental y un paradigma del sacrificio que esperaba a los antirreeleccionistas citadinos que se involucraran con la rebelión.

El impacto de la muerte de Aquiles Serdán fue grave, al grado de poder afirmarse que el llamado a las armas ya no tuvo mayor eco entre los antirreeleccionistas.

A diferencia de en la etapa electoral, faltó organización para iniciar una lucha armada. Sin embargo, esta sí se desarrolló en la región montañosa del occidente de Chihuahua, extendiéndose luego la violencia a otras zonas del estado e incluso a las entidades vecinas: Sonora, Durango y Coahuila. Obviamente, el perfil social de los alzados era distinto: popular y rural; sus reclamos también fueron diferentes a los de los antirreeleccionistas originales: la salida de Díaz les importaba mucho menos que la mejora de sus condiciones socioeconómicas.

Si durante los primeros tres meses los grupos alzados eran pequeños, estaban mal armados y desorganizados, y practicaban las típicas tácticas guerrilleras, en febrero de 1911 Madero finalmente penetró al país para asumir el liderazgo de la lucha, mejorando con ello la organización del movimiento. A partir de entonces crecieron las dimensiones de los grupos alzados, lo que les permitió atacar poblaciones mayores y enfrentar combates formales; sobre todo, surgieron movimientos en otras partes del país destacando las zonas de Guerrero y Morelos.

Sería un error sostener una visión dicotómica, que atribuyera a la lucha electoral un contenido exclusivo de clases medias urbanas, y a la lucha armada solo un componente procedente de los sectores populares rurales. Lo cierto es que la Revolución tuvo una apreciable participación pluriclasista, porque las crisis política, económica y social habían afectado a todas las clases sociales, rurales y urbanas. Además de Madero, en Coahuila participó Venustiano Carranza, miembro de la élite política local y ejemplo de los reyistas que se pasaron al antirreeleccionismo. En Sonora destacó la participación de José María Maytorena, miembro de una de las familias de la oligarquía estatal, pero distanciado del régimen porfirista por haber sido relegado del poder estatal y de sus beneficios.

El que hayan sido hacendados los dirigentes del maderismo en los estados norteños de Coahuila y Sonora se debe a ciertas peculiaridades: por un lado, debido a los constantes ataques de los indios bárbaros residentes en la faja fronteriza, muchos hacendados norteños tenían, ante la poca presencia de las autoridades, la costumbre de financiar y de coordinar las campañas militares para repeler al enemigo común, en las que participaban los rancheros, los colonos agrícola-militares, los habitantes de los pueblos libres, los “medieros” y los diversos empleados de las haciendas. De otra parte, dada la poca densidad demográfica y la gran disponibilidad de tierras, en el norte fueron pocas las usurpaciones sufridas por los pueblos libres y los pequeños y medianos propietarios. Para los peones, jornaleros, aparceros, rancheros y habitantes de las colonias agrícola-militares y de los pueblos libres, los hacendados no se caracterizaban por haberles arrebatado sus tierras sino por darles protección física o trabajo relativamente bien remunerado.

Además, dada la lejanía de la capital del país y las deficiencias en las comunicaciones, la inmensa región norteña había gozado hasta los inicios del siglo XX de una gran autonomía. La debilidad de las instituciones estatales había provocado que los hacendados heredaran algunos de los papeles desempeñados por los caudillos de principios y mediados del siglo XIX. Solo así se explica que las otras clases sociales norteñas hayan acudido a finales de 1910 y principios de 1911 al llamado a las armas hecho por hacendados como Madero y Maytorena. Esta particularidad regional no puede ser generalizada ni prolongada indefinidamente. A finales del Porfiriato aumentó la presencia de las autoridades e instituciones estatales, modificándose la anterior colaboración entre las diversas clases sociales norteñas y perdiéndose parte de la autonomía, para algunos mera autarquía, para otros libertad de que gozaban.

De otra parte, la pacificación de los indios bárbaros también hizo que esa vieja colaboración militar ya no fuera imprescindible. Al mismo tiempo, el crecimiento demográfico y la posibilidad de enviar carne a mercados distantes, gracias al ferrocarril, hizo que en lugares como Chihuahua los hacendados comenzaran a usurpar las tierras de sus vecinos, o que impidieran el acceso de estos a sus pastizales. Esta condición particular explica dos situaciones: que en Chihuahua ningún hacendado encabezara la lucha armada, y que en esa región la lucha tuviera buena dosis de radicalismo popular. 

Acaso esto explique, al menos parcialmente, el protagonismo norteño a lo largo del decenio armado de la Revolución, a pesar de que en esa región no se padecían las peores condiciones socioeconómicas del país. Obviamente, la actitud de los hacendados durante la primera fase de la Revolución distó de ser homogénea: en el centro del país había una vieja competencia por la tierra entre las haciendas y las numerosísimas comunidades rurales. Más que colaboración, allí había confrontación, la que se agravó dramáticamente a partir de 1910. En el sur del país era tal la dependencia de los pueblos a sus caciques y a los finqueros y hacendados vecinos, que prefirieron el mantenimiento del statu quo a involucrarse en la violencia revolucionaria. Por lo que se refiere a las clases medias, las rurales y pueblerinas fueron mucho más activas en la lucha armada que las urbanas, cuyo protagonismo se dio durante la etapa electoral. 

Ambas habían sido golpeadas por la crisis económica de 1907 y 1908. Los rancheros propietarios vieron aumentar sus impuestos; los rancheros arrendatarios vieron crecer el costo del arriendo; los medieros y aparceros vieron endurecerse las condiciones contractuales que tenían con los hacendados. Además de que algunos tomaron las armas, como el arriero Pascual Orozco, otros fueron los que introdujeron a los sectores populares en el proceso revolucionario: el mayor ejemplo de tal mediación fue Abraham González.

Por lo que se refiere a las clases medias urbanas, estas sobresalieron como políticos, organizadores e ideólogos. Además de profesionistas inconformes, no fueron pocos los profesores y periodistas antiporfiristas. Además de la crisis económica de 1907 y 1908, les afectaba el carácter cerrado y excluyente del aparato político; de otra parte, las inversiones norteamericanas muchas veces llegaron junto con empleados y técnicos suyos, lo que provocó el enojo de nuestras clases medias. Entre las clases bajas participaron más los campesinos que los obreros, seguramente por lo aun reducido de la industria nacional. La lucha armada antiporfirista se concentró en el norte, primero en Chihuahua y luego en Coahuila, Durango y Sonora, así como en el centro-sur del país; o sea, en el estado de Morelos y zonas vecinas. 

La composición social del ejército sureño tenía como elemento fundamental a los pueblos, algunos de ellos con graves conflictos agrarios con las haciendas vecinas, pero todos ellos con una sólida organización comunal, con sus propios líderes y sus fuerzas defensivas, las que sumadas conformarían el llamado ejército zapatista. En el norte la composición social de los alzados fue muy heterogénea, popular pero no necesariamente campesina. Participaron muchos jornaleros, los habitantes de colonias militares como las de Cuchillo Parado, Janos y Namiquipa, en Chihuahua, los vaqueros, mineros, ferrocarrileros, arrieros y algunos obreros. Por sus diferencias sociales, los ejércitos populares del norte y del sur tenían reclamos y banderas propias.

A principios de 1911 ya había grupos operando en numerosos puntos del país, lo que aunado a la destrucción de las líneas férreas y telegráficas dificultaba su represión. Por la desconfianza de Díaz contra Reyes el Ejército Federal había sido castigado presupuestalmente y los numerosos oficiales reyistas habían sido trasladados a regiones aisladas o retirados del mando directo de tropas, lo que restó efectividad al envejecido ejército,enmohecido además por tantos años de paz. Porfirio Diaz era consciente de estas limitaciones, y sabedor además de la simpatía de las autoridades norteamericanas por el movimiento maderista, resolvió hacer algunas concesiones –cambió casi todo su gabinete, prohibió la reelección y ofreció una revisión de la estructura de la propiedad agraria– e iniciar negociaciones con representantes de los alzados con el objetivo de restablecer la paz. Además de anacrónicas, las concesiones fueron una prueba fehaciente de su debilidad. 

La caída de la población fronteriza de Ciudad Juárez durante la segunda semana de mayo fortaleció la capacidad negociadora de los rebeldes. Al saberse que finalmente Díaz había aceptado presentar su renuncia, muchos decidieron incorporarse a los alzados aunque fuera tardíamente, esperando con ello obtener algunos beneficios. A su vez, la noticia paralizó al Ejército Federal y a muchas autoridades locales, trayendo como consecuencia un alto número de tomas incruentas de poblaciones durante la tercera semana del mes, como Mazatlán, Cananea, Torreón y Durango, proceso que se agudizó luego de firmarse los llamados Tratados de Ciudad Juárez, a finales de aquel mayo de 1911, por los que se aceptó la renuncia de Díaz, y con ello el triunfo de la lucha. 

El proceso militar implicó la transformación de la naturaleza del movimiento antirreeleccionista. Dado que cambió de oposición electoral a rebelión, los participantes y los escenarios tuvieron que ser otros: el movimiento urbano y de clase media devino lucha rural y popular. Surgieron nuevos líderes, más aptos para una lucha armada rural y quienes no habían participado en el antirreeleccionismo electoral, o que no lo habían hecho de manera destacada. Fue entonces cuando aparecieron, protagónicamente, gente como el arriero y comerciante chihuahuense Pascual Orozco; como Pancho Villa, quien en cierto sentido era un bandolero con una proyección revolucionaria nacido en Durango y que operaba en Chihuahua, donde había desempeñado también una amplia cantidad de oficios y trabajos, y como Emiliano Zapata, domador de potros que encabezaba los reclamos agrarios de su pueblo, San Miguel Anenecuilco, en Morelos. 

En términos sociales, implicó la incorporación de rancheros norteños, de miembros de las viejas colonias militares, de medieros y aparceros, jornaleros, vaqueros, ferrocarrileros, mineros –responsables seguramente de los ataques dinamiteros contra las vías férreas–, de obreros, artesanos y profesores rurales, o de rancheros sureños –como los hermanos Figueroa, en el estado de Guerrero– y de numerosos habitantes de las comunidades campesinas del centro y sur del país, como los hermanos Zapata y Genovevo de la O.

La participación de los grupos sociales populares, distintos de las primeras bases del antirreeleccionismo y muy poco afines a Madero, forzó que rápidamente se acordara el final de la lucha y la desmovilización y el desarme de los alzados. A pesar de lo deseado por las autoridades gubenamentales y por Madero y los otros líderes antirreeleccionistas originales, los grupos populares se habían involucrado indefectiblemente en el proceso. De hecho, a una movilización que reclamaba pacíficamente un cambio político la habían convertido en un proceso revolucionario. Las diferencias entre ambos momentos fueron tan profundas que obligan a definir la Revolución Mexicana como un proceso caracterizado por sus discontinuidades, sus variantes regionales y su participación pluriclasista.


LOS CAMBIOS INICIALES

En los llamados Tratados de Ciudad Juárez se pactó que Díaz sería sustituido, de acuerdo con la Constitución, por su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, quien tendría como principales responsabilidades llevar a cabo el desarme y la desmovilización de las fuerzas maderistas y organizar las nuevas elecciones. 

Lo primero resultó un proceso muy complicado: de los cerca de 60 mil rebeldes reconocidos, solo 16 mil fueron organizados en nuevos cuerpos Rurales. El resto regresó a la vida civil y pacífica luego de recibir unas muy modestas gratificaciones. Comprensiblemente, los principales alzados se mostraron inconformes con los acuerdos de Ciudad Juárez y sus secuelas: Pascual Orozco y sus lugartenientes y seguidores fueron relegados una vez obtenido el triunfo; peor aún, consideraron insuficientes los beneficios logrados; a su vez, Emiliano Zapata y los alzados en la región de Morelos se negaron a disolverse y a entregar sus armas antes de que les devolvieran las tierras que consideraban como usurpadas por los hacendados, actitud que los enfrentó al gobierno interino de León de la Barra, y a Madero en su función de mediador Respecto a las nuevas elecciones, Madero decidió transformar el Partido Nacional Antirreeleccionista en uno llamado Partido Constitucional Progresista; decidió también que para esta segunda contienda su compañero de fórmula ya no fuera Francisco Vázquez Gómez sino José María Pino Suárez, abogado y periodista nacido en Tabasco pero radicado en Yucatán, donde colaboró destacadamente con el movimiento antirreeleccionista.

Resulta cuestionable la pertinencia de ambas decisiones: si bien es cierto que ya no se peleaba contra un aspirante a reelegirse, pues Porfirio Diaz estaba exiliado en Europa desde mediados de año, en ausencia de un proyecto propositivo de gobierno el principio antirreleccionista, aunque fuera de carácter negativo, había mostrado sus cualidades unificadoras; además, el Partido Antirreeleccionista tenía entonces una imagen muy positiva, ganadora, incluso heroica. De otra parte, el rompimiento con Vázquez Gómez fue desilusionante para muchos maderistas por el procedimiento seguido; peor aún, provocó el alejamiento de muchos ex reyistas, muy experimentados, cualidad política de la que careció el equipo de Madero durante su administración presidencial. Pese a todo, este obtuvo un triunfo arrollador en las elecciones de octubre de 1911, aunque es indudable que cuando accedió al poder ya había perdido muchos potenciales colaboradores experimentados. Para colmo, también había perdido el apoyo de dos importantísimos grupos populares en la lucha armada contra Díaz: el orozquismo y el zapatismo.

La presidencia de Madero, iniciada a finales de 1911 y concluida violentamente en febrero de 1913, se distinguió por las transformaciones políticas a que dio lugar. Efectivamente, llegaron al gabinete jóvenes pertenecientes a un sector social inferior al de los ministros porfirianos, lo que explica que tuvieran distinta ideología. La libertad electoral impulsada por Madero y el derrumbe del grupo porfirista permitieron la llegada de gobernadores muy diferentes a los anteriores, y lo mismo podría decirse de los diputados y senadores. Asimismo, tuvo gran importancia el desplazamiento de los viejos “jefes políticos” por nuevas autoridades locales electas libremente. Si a esto se agrega la integración de los nuevos cuerpos Rurales, conformados por ex rebeldes antiporfiristas, tendrá que aceptarse que la salida de Díaz trajo, a la vuelta de algunos meses, la transformación de casi toda la pirámide de poder, no obstante la sobrevivencia de varios políticos porfirianos, unos reciclados y otros ahora en funciones oposicionistas.

En términos sociales puede concluirse que, si bien hacia 1911 y 1912 las clases medias irrumpieron en el aparato gubernativo y en la toma de decisiones, los obreros y los campesinos siguieron marginados del proceso político.

Consecuentemente, la presidencia de Madero trajo prácticas políticas más democráticas: hubo elecciones libres y libertad de expresión; el Poder Ejecutivo dejó de dominar al Legislativo y al Judicial, y el poder central dejó de imponerse a las autoridades estatales y locales. Con todo, esa libertad electoral, la mayor experiencia y la mejor organización de los políticos del viejo régimen permitieron que triunfaran en algunas contiendas –electorales, parlamentarias y publicitarias– sobre los de nuevo cuño, inexpertos y desorganizados, carentes de un programa propositivo que los cohesionara. 

La principal consecuencia fue el enorme número de conflictos políticos que caracterizaron la inestable presidencia de Madero. Junto a estos cambios en la esfera política, Madero y las nuevas autoridades trajeron proyectos novedosos en materia agraria y obrera. Madero, hacendado algodonero y miembro de una familia empresarial, era partidario de la propiedad privada de la tierra. Capitalista defensor del liberalismo, no confiaba en la propiedad comunal agraria y sostenía que lo óptimo para el país sería construir un sistema dominado por pequeños y medianos propietarios, junto con hacendados eficientes y modernos. 

Para Madero el problema de la distribución de la tierra era importante pero no grave, por lo que las propuestas de solución no debían tomarse en forma precipitada sino estudiarse pensando en resolverlo a mediano plazo. Más que en la restitución de las tierras usurpadas, Madero confiaba en la venta de terrenos nacionales y en la disolución del latifundismo ineficiente mediante su venta, como resultado del aumento de los impuestos. Obviamente, durante la presidencia de Madero hubo otras propuestas de solución del problema agrario, gubernamentales y oposicionistas, y de moderadas a radicales.

En tanto liberal y demócrata, Madero fue respetuoso de los derechos organizativos de los obreros y pretendió que estos mejoraran sus salarios y sus condiciones laborables, pero sin afectar gravemente las finanzas de los industriales; además, su gobierno comenzó a actuar como árbitro en los conflictos entre los empresarios y sus trabajadores, para lo que se creó el Departamento del Trabajo. El resultado fue que durante 1912 aumentó el número de las organizaciones obreras y hubo muchas huelgas. Obviamente, algunos obreros aprovecharon el nuevo contexto político nacional para crear organizaciones radicales abiertamente contrarias al gobierno, destacando la Casa del Obrero Mundial, de orientación anarquista. Lo mismo sucedió en el escenario rural: con el enorme aumento del capital político de las masas campesinas, logrado por su participación en la lucha armada contra Díaz y con la pérdida de influencia de los hacendados, en ese año cambió la balanza de fuerzas en el campo: hubo numerosas ocupaciones de las tierras antes reclamadas como usurpadas, y muchas solicitudes de aumento de jornales; para su desgracia, los hacendados no contaron con el apoyo irrestricto de las autoridades, pues ya no estaban los viejos jefes “políticos” ni los antiguos “rurales” para respaldarlos.

Sin embargo, las propuestas reformistas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos los grupos políticos y clases sociales del país, lo mismo que a los diplomáticos e inversionistas extranjeros. Los hacendados y empresarios veían tales reformas como un precedente peligroso; los obreros y campesinos que antes habían apoyado a Madero, los primeros durante el período electoral y los segundos en la fase armada, las consideraron insuficientes.

Esa insatisfacción generalizada se tradujo en críticas abiertas y constantes, sobre todo en la prensa y en la tribuna parlamentaria, o en movimientos de oposición a Madero; incluso en rebeliones armadas. Las principales oposiciones violentas que padeció el gobierno fueron cuatro: dos encabezadas por beneficiarios del régimen porfirista: Bernardo Reyes y Félix Díaz, y dos por alzados antiporfiristas desilusionados: Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Si los primeros pelearon para recuperar su poderío, los segundos lo hicieron para que su nueva fuerza se tradujera en puestos políticos y, sobre todo, trajera inmediata satisfacción a sus viejos reclamos socioeconómicos. Las luchas de Reyes y Félix Díaz no fueron reacción directa contra las moderadas reformas agrarias y laborales maderistas.

De hecho, Reyes comenzó a preparar su lucha desde antes de que Madero asumiera la presidencia y delineara su proyecto gubernamental. Reyes creía que en ausencia de Díaz a él le correspondía gobernar el país; no reconocía méritos ni capacidades a ningún otro, y menos a Madero, a quien acusaba de haberle usurpado su movimiento oposicionista. Al regresar de su comisión en Europa, a mediados de 1911, Reyes intentó vencer electoralmente a Madero; al prever su derrota por la pérdida de prestigio y partidarios, pasó a Estados Unidos a preparar su rebelión, la que inició en la frontera noreste del país a finales de ese año.

Los problemas y errores de Reyes fueron varios y definitivos: su popularidad se había desmoronado por haber aceptado a finales de 1909 una comisión del gobierno porfirista, en lugar de haber encabezado a sus seguidores; para colmo, la mayoría de estos se había hecho maderista. En términos militares, iniciar la lucha en la frontera noreste lo obligaba a una larga campaña, pues la ciudad de México quedaba a una enorme distancia; además, desde su enfrentamiento contra Díaz y los “científicos”, estos se habían ocupado de romper su control sobre el Ejército Federal; para colmo, Reyes no contaba con bases campesinas, imprescindibles para triunfar en un país rural, pues sus apoyos eran básicamente urbanos, tanto de clase media como populares; por último, iniciar la lucha en la frontera sin contar con el apoyo estadunidense era suicida. Dados los acontecimientos y procesos sociopolíticos de los últimos dos años, el proyecto de Reyes resultaba anacrónico e inoportuno. El Plan de la Soledad, apenas atrajo al círculo íntimo de sus antiguos colaboradores, gente inapropiada para una lucha armada. Por ello tuvo que deponer las armas y rendirse a las autoridades a finales de diciembre de 1911, apenas unas semanas después de iniciada su aventura.

Félix Díaz se alzó en armas en Veracruz varios meses después, en octubre de 1912, clamando contra la incapacidad de Madero para imponer orden en el país . Efectivamente, se padecían las rebeliones zapatista y orozquista, además de otras luchas menores, y el antiguo control porfirista sobre la clase política y sobre los obreros y campesinos había desaparecido. Además, la prensa aprovechaba la nueva situación para a diario exagerar la de por sí caótica situación nacional Sin embargo, Félix Díaz, sobrino del dictador, no tenía capacidad ni legitimidad para resolver el problema de la reorganización nacional a que obligaba la gran movilización sociopolítica habida desde las postrimerías del Porfiriato. 

El llamado de Félix Díaz a luchar contra Madero tampoco tuvo mayor respuesta. En el Ejército Federal, al que apelaba como sostén, no se le consideraba un auténtico militar, pues sus ascensos los debía por entero al apellido. La lucha se redujo a Veracruz, permaneciendo en calma el resto del país, lo que permitió que se le combatiera y derrotara con facilidad y prontitud. Como Reyes, fue encarcelado; como Reyes, en prisión siguió conspirando contra Madero.

Las rebeliones de naturaleza popular, la zapatista y la orozquista, fueron radicalmente distintas. En el caso de la primera implicó el tránsito de la lucha política a la lucha social, de carácter agrarista. Los campesinos morelenses que lucharon contra Díaz a partir de febrero y marzo de 1911 no aceptaron el desarme acordado en Ciudad Juárez. Su postura era muy clara: no depondrían las armas sin la previa devolución de las tierras que reclamaban como usurpadas por los hacendados. Su actitud dio lugar a que el presidente interino León de la Barra los considerara rebeldes, decidiendo que se les combatiera mediante una campaña militar regular.

Aunque Madero intentó convencer a los zapatistas de que depusieran las armas, prometiéndoles que revisaría el problema agrario al llegar a la presidencia, estos retomaron las armas al iniciar la segunda mitad de 1911. Semanas después de llegar Madero a la presidencia formalizaron su lucha mediante el Plan de Ayala, con el que cambió la dimensión y la naturaleza del movimiento, pasando de lucha defensiva local a agraria regional, con el objetivo de que las comunidades campesinas fueran la unidad social fundamental en el país. 

La importancia militar del zapatismo no coincide con su relevancia histórica. A todo lo largo de 1912 la lucha fue de reducida intensidad: eran pocos y pequeños los grupos de alzados; a su vez, Madero pronto dispuso que la campaña contra ellos no fuera excesivamente violenta, por lo que la benevolente conducta del responsable de ella, el general hidalguense Felipe Ángeles, aminoró las reacciones defensivas entre los habitantes de la región, al grado de que puede afirmarse que durante su primer año la lucha zapatista fue limitada y no muy cruenta..

A diferencia de esta, la rebelión orozquista fue notoriamente violenta. Otra diferencia notable es que no fue primordialmente agrarista. Habiendo sido el factor decisivo en la lucha contra Díaz de 1910 y 1911, Orozco y sus numerosos partidarios se rebelaron en marzo de 1912 contra Madero por dos razones: si los líderes consideraron insuficientes los premios y pagos recibidos por su decisiva participación en la victoria sobre Porfirio Diaz, los soldados consideraron insatisfactorias, por moderadas y lentas, las reformas sociales propuestas por Madero. Aunque el gobierno aseguró que Orozco y los demás cabecillas estaban motivados por la ambición y la traición, y que incluso habían sido corrompidos por la oligarquía de Chihuahua, lo cierto es que las bases orozquistas estaban tan desilusionadas del tibio reformismo del gobierno maderista como lo estaban las zapatistas.

Pascual Orozco había simpatizado con el magonismo precursor y luego con el antirreeleccionismo, y era conocido como opositor a la oligarquía estatal encabezada por la familia Terrazas. Durante la lucha contra Díaz alcanzó notoriedad nacional y se hizo evidente que era un líder independiente de Madero, a quien lo unían los objetivos últimos de la lucha pero de quien lo separaban los procedimientos táctico-estratégicos. Los conflictos entre ellos comenzaron desde la lucha contra Porfirio Diaz y se acrecentaron durante el interinato de León de la Barra; al poco tiempo el trato entre correligionarios fue sustituido por la mutua desconfianza. La rebelión de Orozco, iniciada en marzo de 1912 con el Pacto de La Empacadora, fue una lucha anunciada y esperada. 

A diferencia de la zapatista, esta fue una rebelión pluriclasista, pues además de los numerosos grupos populares involucrados, casi todos ellos veteranos de la lucha de 1910, gozó de algunos apoyos de las élites locales. Sobre todo, no se redujo al campesinado: participaron vaqueros, mineros, ferrocarrileros y jornaleros. Tampoco fue localista: además de que llegó a dominar todo Chihuahua, incluyendo la capital estatal, el orozquismo también tuvo presencia en otras entidades norteñas, como Durango y Coahuila. Fue tal su fuerza, que al principio se temió que terminara por vencer al gobierno maderista. Acaso su mayor limitación fue la falta de apoyo estadunidense, lo que dificultó su acceso al mercado de armas y municiones. A pesar de ello, al menos por un tiempo fue una rebelión ciertamente amenazadora.

Para poder vencer a los orozquistas el gobierno puso al mando de la campaña al general Victoriano Huerta, a quien otorgó numerosos elementos y recursos. Además, se dispuso que en la batida a los orozquistas colaboraran sus ex compañeros en la lucha contra Díaz que hubieran permanecido leales al gobierno, como Pancho Villa, comenzando por los que habían sido organizados en los nuevos cuerpos Rurales, que fueron adscritos al Ejército Federal como “irregulares”. El objetivo era contar con elementos igualmente hábiles en los métodos guerrilleros y con la misma capacidad de identificación con los sectores populares de la región. Además, los gobernadores norteños organizaron fuerzas estatales para rechazar las incursiones de los orozquistas, destacando las del coahuilense Pablo González y las del sonorense Álvaro Obregón, ranchero y reciente presidente municipal de Huatabampo. El resultado fue doble: con la suma de orozquistas, soldados federales, “irregulares” y fuerzas estatales, la región norteña se militarizó notablemente durante la segunda mitad de 1912: la cifra más aceptada consigna ocho mil orozquistas, un número similar de federales y un número igualmente crecido de “irregulares” y fuerzas estatales. 

De otra parte, con su triunfo el Ejército Federal recuperó la confianza perdida en 1910 y encontró en Huerta a su nuevo caudillo natural, situación que se manifestaría dramáticamente poco después, cuando este decidió rebelarse contra el gobierno de Madero. Si en el plano nacional Madero enfrentaba la oposición de parte de la clase política –en especial en la Cámara de Diputados–, las constantes críticas de una prensa nostálgica de los beneficios que habían recibido del gobierno de Díaz, y las rebeliones zapatista y orozquista, nunca vencidas del todo, en el plano internacional padeció un creciente distanciamien to del gobierno de los Estados Unidos. 

En un principio este había respaldado la llegada de Madero al poder, preocupado por el envejecimiento de Porfirio Diaz, cuya sucesión se había ofrecido al grupo “científico”, partidario de las potencias europeas. Sin embargo, al poco tiempo se desilusionaron del gobierno maderista: en el sector petrolero, en lugar de concesiones tuvieron que enfrentar los primeros impuestos; además, la radicalización de campesinos y obreros afectó a varias empresas de norteamericanos, quienes para colmo sufrieron amenazas y exacciones durante la rebelión orozquista. Con todo, para principios de 1913 Madero confiaba que la ya inminente toma de posesión del presidente electo Woodrow Wilson, partidario abierto de los regímenes democráticos, mejorara la relación entre ambos gobiernos.

Su optimismo rebasaba al ámbito diplomático. A finales de 1912 y principios de 1913 Madero empezó a sentirse consolidado, creyendo que finalmente había alcanzado la estabilidad. Justificaba su optimismo el haber derrotado a las cuatro rebeliones armadas. Sin embargo, su diagnóstico era equivocado. El peligro no estaba en movimientos como el reyista o el felicista, que no obtuvieron apoyos populares ni recibieron el respaldo del grueso del Ejército Federal. Tampoco era peligroso el movimiento orozquista, en tanto no gozara del apoyo norteamericano. A su vez, el zapatismo no tuvo –ni siquiera lo buscó– el apoyo de otras clases sociales distintas de los grupos campesinos locales; para colmo, nunca tuvo poderío militar. Si bien, en febrero de 1913 Bernardo Reyes y Félix Díaz creyeron que unidos y en la propia sede de los poderes federales podrían desarrollar un movimiento contrarrevolucionario exitoso, otra vez el grueso del Ejército Federal les negó su apoyo, siendo esta la causa de su nuevo y trágico fracaso.

El peligro era otro: el nuevo caudillo militar, Victoriano Huerta. Fue hasta que él asumió el mando del movimiento llamado la “Decena Trágica" cuando Madero pudo ser fatalmente derrocado. El acuerdo de los golpistas victoriosos es conocido como el Pacto de la Ciudadela, por haber sido el sitio donde se parapetaron, o como el Pacto de la Embajada, por haber sido firmado en las instalaciones de
la representación norteamericana, aprovechándose de que el gobierno estaunidense se había distanciado de Madero porque no benefició a sus compañías petroleras y porque lo consideraban responsable de la anárquica situación prevaleciente en México. La oposición simultánea del gobierno de Washington, del Ejército Federal, de los grupos políticos porfirianos y de los hacendados y empresarios, molestos por las medidas reformistas de Madero, junto con la desintegración del frente antirreeleccionista original, la desilusión de las clases medias con el nuevo gobierno y las rebeliones zapatista y orozquista, terminaron por hacer insostenible a Madero. 

En rigor, este fracasó porque destruyó el régimen porfiriano pero fue incapaz de crear un gobierno que pudiera alcanzar la estabilidad mediante un proyecto adecuado para el país: su propuesta política –la democratización– resultó prematura, y su proyecto socioeconómico –liberal– era insuficiente y anacrónico, contrario al papel nivelador que el Estado mexicano había perseguido desde el período colonial.


LA LUCHA CONSTITUCIONALISTA

El gobierno de Huerta ha sido considerado usurpador, dictatorial, restaurador y contrarrevolucionario. Como cualquier gobierno, el suyo experimentó modificaciones y su naturaleza no puede ser definida de manera monolítica. Su origen está en el Pacto de la Embajada, en el que se acordó que Huerta asumiría temporalmente la presidencia del país, y que su responsabilidad era organizar unas elecciones en las que el triunfador fuera Félix Díaz. Se dispuso también que el gabinete de Huerta se nombraría con el acuerdo de Félix Díaz y del hijo de Bernardo Reyes, Rodolfo, jefes del cuartelazo. 

Así, comenzó siendo una amalgama de casi todos los grupos políticos antimaderistas. En efecto, el primer gabinete de Huerta es prueba de la alianza de felicistas, reyistas, “científicos”, evolucionistas, católicos e incluso orozquistas, entre otros. Además del respaldo inicial de estos grupos, Huerta contó con el apoyo irrestricto del Ejército Federal, de los hacendados y de los empresarios. Por lo que se refiere al gobierno norteamericano, el apoyo del embajador fue breve, pues a las pocas semanas Woodrow Wilson –del Partido Demócrata– sustituyó en la presidencia a William Taft –del Partido Republicano–, modificando, inmediata y radicalmente, su postura hacia Huerta.

El ascenso de Victoriano Huerta al poder presidencial provocó la airada movilización de la mayoría de los ex rebeldes antiporfiristas, muchos de ellos convertidos en autoridades locales maderistas y por ende veteranos también de la lucha contra el orozquismo, por lo que estaban prácticamente listos para tomar otra vez las armas. Más que vengar el derrocamiento y muerte de Madero, su lucha contra Huerta era para proteger y conservar los cambios y puestos políticos alcanzados luego de la destrucción del aparato gubernamental de Díaz, así como para oponerse al intento de restaurar un gobierno dominado por políticos porfiristas, apoyado en un poderoso Ejército Federal y favorable a los hacendados y al resto de las clases altas. La lucha contra Huerta comenzó en marzo de 1913 en el norte del país, pero a diferencia de la librada contra Díaz en 1910 y 1911, no se concentró en Chihuahua. Desde un principio hubo cuatro escenarios importantes, cada uno con sus particularidades sociales, políticas, ideológicas, económicas y militares. El primer frente de lucha fue Coahuila, encabezado por el gobernador Venustiano Carranza, antiguo político de filiación reyista y quien había sido desde presidente municipal de su pueblo natal hasta senador. 

Convertido en antiporfirista hacia 1909, durante la radicalización del reyismo, Carranza se hizo antirreeleccionista: participó como tal en la lucha contra Díaz y luego fue gobernador de Coahuila durante la presidencia de Madero. Carranza y las otras autoridades coahuilenses no reconocieron a Huerta y convocaron a la creación de un ejército –que se llamaría Constitucionalista– con el objetivo de derrocarlo y restaurar la legalidad.

El movimiento antihuertista de Coahuila se caracterizó por su naturaleza legalista  y por tener como jefe a un gobernador. Comprensiblemente, los segundos mandos recayeron en los principales políticos y burócratas locales, algunos de ellos colaboradores suyos desde la época porfiriana. En cuanto a fuerzas militares, en Coahuila se contó con los veteranos de la lucha contra Díaz, sobre todo con aquellos leales que estaban afiliados a los “irregulares” locales que luchaban contra el orozquismo, como Jesús Carranza, Pablo González, Francisco Coss y Cesáreo Castro, casi todos ellos originariamente r ancheros, mineros o empleados. También se contó desde un principio con Jacinto B. Treviño, militar profesional coahuilense que se encontraba en la entidad supervisando la organización de las fuerzas “irregulares”. Estos, junto con los políticos y burócratas subalternos del gobernador, hicieron del movimiento coahuilense uno dominado por clases medias, que si bien tuvieron una contribución menor en el aspecto militar del triunfo sobre Huerta, fueron en cambio fundamentales para la organización y administración de la lucha, sobre todo cuando esta alcanzó un nivel casi nacional, así como para la reorganización gubernamental de las entidades que iban siendo liberadas del dominio huertista.

En el estado de Sonora la rebelión tuvo otras características. El gobernador era José M. Maytorena, miembro de la facción antiporfirista y “anticientífica” de la oligarquía local, lo que explica su militancia en el reyismo y en el maderismo, del que llegó a ser el principal caudillo regional. Sin embargo, ante los titubeos de Maytorena, desde febrero de 1913 el liderazgo fue tomado por varios miembros de la clase media, quienes habían estado constreñidos económica y políticamente durante el Porfiriato, pero que habían alcanzado importantes puestos públicos locales durante el maderismo.

Entre los más importantes estaban Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles, Manuel M. Diéguez y Adolfo de la Huerta. Además de poder político, estos tenían cierta capacidad militar, pues algunos habían organizado fuerzas locales para combatir al orozquismo y todos los habitantes de los pequeños pueblos sonorenses tenían la experiencia de la defensa contra las incursiones de las tribus indias belicosas. Por lo mismo, el movimiento antihuertista en Sonora nació fuerte, aunque estuviera encabezado por una clase media con una experiencia política limitada y reciente, inferior a la de los carrancistas de Coahuila. Otra diferencia importante fue que los conflictos agrario-indígenas –especialmente de las tribus mayo y yaqui– y laborales –Cananea– habían obligado a que la clase media oposicionista local supiera establecer alianzas con grupos populares. Así, además de la capacidad militar de los sonorenses, que se remontaba a las viejas luchas contra los indios broncos, sostenidas sobre todo por los rancheros y los colonos militares, la facción sonorense aportaría a la rebelión su experiencia como clase media capacitada para establecer pactos y acuerdos con grupos populares.

El contingente antihuertista de Chihuahua era notoriamente diferente a los de Coahuila y Sonora. Si en estos la movilización de 1910 contra Díaz había sido encabezada por miembros desafectos de las clases altas, en Chihuahua la habían encabezado miembros de las clases medias, como Abraham González y Pascual Orozco. El asesinato del primero y la adhesión a Huerta del segundo dieron lugar a que la lucha en la región ahora la dirigiera un miembro de las clases bajas: Francisco Villa. A diferencia de los alzados en Coahuila y Sonora, Villa no era una autoridad local sino un rebelde típico. Sus antecedentes biográficos lo ubicaban entre el mundo de la marginalidad y la delincuencia. Comprensiblemente, sus lugartenientes y los líderes secundarios también pertenecían a los sectores la región preponderante en las luchas contra Porfirio y contra Orozco, la mayor contribución del villismo a la lucha constitucionalista fue haberle dado un enorme y protagónico contingente de origen popular: gracias al villismo la lucha antihuertista norteña no se limitó a ser una lucha legalista y de clases medias. Sin embargo, si bien el contingente villista era popular, de ninguna manera era exclusivamente campesino: además de muchos jornaleros agrícolas, aparceros, medieros, rancheros pobres y miembros de las ex colonias militares, en el ejército villista participaron numerosos grupos de vaqueros, mineros, ferrocarrileros y obreros.

También hubo importantes alzamientos en otros dos estados norteños. En Durango los principales rebeldes –Tomás Urbina, Orestes Pereyra, Calixto Contreras y los hermanos Arrieta– eran de origen popular, habían participado en la lucha contra Díaz y luego habían permanecido organizados y con las armas en la mano como “irregulares” antiorozquistas. En Zacatecas los primeros en rebelarse fueron también los “irregulares” –Fortunato Maycotte– y los viejos maderistas –Pánfilo Natera–, con o rígenes sociales entre medios y populares. Se puede concluir que a diferencia de la lucha antiporfirista de 1910 y 1911, la rebelión antihuertista, solo dos años después, involucró desde un principio a casi todo el norte del país, y que sus bases sociales fueron mucho más heterogéneas y populares que las maderistas.

Sería un error suponer que la lucha contra Huerta fue exclusivamente norteña y que solo la sostuvieron veteranos de la lucha antiporfirista que luego combatieron al orozquismo como “irregulares” maderistas. Considérese por ejemplo a los hermanos Cedillo, rancheros de San Luis Potosí en armas contra Madero desde enero de 1912 y quienes luego se sumaron al movimiento orozquista. Cuando los hermanos Cedillo pelearon contra Huerta en 1913 y 1914 lo hicieron con considerable independencia respecto a los antihuertistas locales que reconocían el liderazgo de Carranza, aumentando así la complejidad sociopolítica de la rebelión.

También a los zapatistas, quienes a pesar de la enorme distancia que los separaba de Chihuahua, al principio habían reconocido como jefe de su rebelión al propio Pascual Orozco. En efecto, los zapatistas luchaban contra Madero en Morelos y estados vecinos desde finales de 1911. Sin embargo, la llegada de Huerta al poder cambió la naturaleza de su lucha, al aumentar gravemente su intensidad.

Para comenzar, desapareció la esperanza de que se llevara a cabo alguna reforma agraria, pues desde un principio fue evidente que el proyecto huertista para la entidad descansaba en una alianza entre el Ejército Federal y los hacendados. Además, sus métodos represivos fueron cruentosy drásticos, a diferencia de los de Madero, lo que aumentó el número de los alzados, pues los habitantes de las comunidades se vieron obligados a intensificar su lucha defensiva. 

Los zapatistas participaron en la lucha sin reconocer el liderazgo de Carranza, y gracias a ellos la fase antihuertista de la Revolución Mexicana fue multirregional y pluriclasista. Más aún, puede afirmarse que gracias a ellos las demandas básicamente políticas de 1909 y 1910 se vieron enriquecidas con reclamos sociales como la devolución de las tierras usurpadas y el respeto a las comunidades campesinas tradicionales, consideradas por ellos como instituciones no solo válidas sino definitorias en el agro mexicano. Las diferencias sociogeográficas se tradujeron en profundas divergencias políticas, ideológicas y militares, expresadas a todo lo largo de la lucha.

En Coahuila la rebelión comenzó de manera poco alentadora para los carrancistas, quienes a pesar de sus primeras derrotas pudieron promulgar, a finales de marzo de 1913, el Plan de Guadalupe, esencialmente legalista: se limitaba a asignarle un líder al movimiento –el propio Carranza– y a fijar como objetivos el derrocamiento de Huerta y la restauración de la legalidad. Ante la presión de buena parte de sus colaboradores, Carranza aceptó que en el Plan se hiciera la promesa de que una vez alcanzado el triunfo y conseguida la paz se promoverían las reformas sociales que el país requiriera. Dicho ofrecimiento buscaba la adhesión de los imprescindibles grupos populares, pero sin aterrorizar a las clases media y alta mexicanas o al gobierno estadunidense, factor estratégico en una lucha iniciada en un estado fronterizo.

Al margen de la jefatura que le otorgaba el Plan de Guadalupe, Carranza solo era, en realidad, el jefe de un ejército rebelde compuesto por sus empleados civiles y militares. Para convertirse en el auténtico líder de toda la rebelión, tuvo que ser reconocido por los representantes de los alzados en Sonora y Chihuahua en un cónclave que tuvo lugar en Monclova a mediados de abril. Para ampliar su liderazgo, luego procedió a exportar su movimiento a las entidades vecinas. A pesar de que con ello debilitaba su escasa fuerza militar, Carranza prefirió enviar elementos suyos a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, con el objeto de fomentar allí la sublevación.

Así pasaría de jefe rebelde estatal a jefe regional. Los elementos que ya se estaban levantando en esos estados, junto con los contingentes enviados por don Venustiano, mantuvieron en el noreste una  ebelión de relativa intensidad. Sin embargo, en Coahuila vio debilitada su fuerza, lo que permitió que las fuerzas huertistas recuperaran la entidad a mediados de 1913, obligando a Carranza a abandonar su propia región y a radicarse en Sonora, experiencia que le permitió relacionarse con revolucionarios de otros perfiles sociales. Más aun, su traslado al noroeste lo llevó a convertirse en el líder auténtico de todo el movimiento norteño, pues hasta entonces su jefatura no pasaba del noreste del país. Carranza escogió Sonora como refugio por su mayor afinidad política y social con sus líderes. Además, a diferencia de Chihuahua o Durango, desde tempranas fechas Sonora había sido totalmente dominada por los alzados, debido a la escasa presencia de soldados huertistas y a su lejanía de la ciudad de México

Chihuahua padeció la situación inversa: a pesar de que a principios de 1913 se vivían los últimos momentos del orozquismo, la alianza entre este grupo y los huertistas dificultó enormemente la labor de los “irregulares” que se habían transformado en villista-constitucionalistas, los que tuvieron que enfrentar a aquellas dos fuerzas, una de ellas conocedora de la región y experta en tácticas guerrilleras; la otra, milicia profesional. Villa se encontraba en Estados Unidos luego de fugarse de la prisión en ciudad de México, y penetró al país un par de semanas después del cuartelazo, con apenas un puñado de hombres.

En poco tiempo incrementó sus guerrillas en las zonas que le eran más afines, gracias a los hombres que reconocían su liderazgo desde 1910, liderazgo ratificado en 1912 por la lucha contra el orozquismo. El número de incorporaciones a las fuerzas de Villa y de los otros cabecillas fue en aumento constante: los triunfos no fueron inmediatos, pero a partir de septiembre la fuerza de los alzados resultó incontenible, al grado de que Villa dominó completamente Chihuahua a finales de 1913 y principios de 1914.

Las diferencias entre los procesos militares de Coahuila, Sonora y Chihuahua no se redujeron a los orígenes sociales de sus líderes y bases; tampoco se limitaron a sus respectivas tácticas militares. Respecto a la economía, si bien los tres ejércitos dependían del mercado estadunidense para su abastecimiento de armas y municiones, la forma como financiaron tales adquisiciones y la estrategia para pagar los salarios de sus tropas fue muy diferente: en Chihuahua se procedió a expropiar ganado y cultivos de las familias oligárquicas, especialmente entre las que conformaban el clan Terrazas; en Sonora, dado que hubo continuidad gubernamental y los combates fueron de menor intensidad, los rebeldes pudieron financiarse con la economía normal de la región; en Coahuila, donde los carrancistas no conservaron el control gubernamental y la campaña militar fue intensa en lugar de usarse procedimientos confiscatorios, impensables en un líder que antes era el gobernador y que además era miembro de las clases propietarias lugareñas, se procedió a la emisión generalizada de papel moneda.

Comprensiblemente, para cuidar su abastecimiento militar, ninguno de los ejércitos rebeldes norteños actuó en contra de las vidas o intereses de los estadunidenses. Por último, a diferencia de los alzados norteños, Huerta no tuvo acceso al mercado de armas y municiones estadunidense.

A excepción de Baja California, a principios de 1914 los rebeldes dominaban el noroeste del país –Sonora–, el norte central, con Chihuahua y Durango, cuyos líderes y bases sociales eran similares a las del villismo, y elnoreste –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, donde Pablo González y Jesús Carranza, o Jesús Agustín Castro y Luis Caballero, habían mantenido el control al salir don Venustiano rumbo a Sonora.

Además, entre mediados y finales de 1913 habían cundido movimientos antihuertistas de variada intensidad en muchos otros estados: los hermanos Cedillo eran ya la fuerza dominante en parte de San Luis Potosí, y en Zacatecas s eguían triunfando las fuerzas de Fortunato Maycotte y de Pánfilo Natera. Conjuntamente, Sinaloa tenía como líder victorioso a Ramón Iturbe; en Tepic operaba con éxito Rafael Buelna; en Jalisco, Félix Bañuelos y Julián Medina; en Michoacán, José Rentería Luviano y los norteños Gertrudis G. Sánchez y Joaquín Amaro; por último, en Veracruz había fuerzas rebeldes en varios puntos del estado, encabezadas por Cándido Aguilar, Antonio Galindo, Hilario Salas y Miguel Alemán.

A diferencia de lo que sucedía en el norte del país y en las costas del Pacífico y del Golfo, lo cierto es que elcentro, sur y sureste estaban poco involucrados en la lucha. Salvo Morelos y sus zonas vecinas –escenarios de una violenta guerra entre el depredador ejército huertista y el ejército zapatista, compuesto por la suma de las unidades defensivas de las comunidades campesinas de la zona–, apenas había movimientos de consideración en Hidalgo, con Nicolás Flores y los “irregulares” maderistas Vicente Salazar, Francisco Mariel y Daniel Cerecedo, todos ellos rancheros, y en Tlaxcala, con Máximo Rojas y los hermanos Arenas, miembros de comunidades campesinas tradicionales, y por ende con un perfil socioeconómico similar al zapatista, aunque con diferente postura política.

Son varias las explicaciones sobre el débil desarrollo de la rebelión en el centro del país, aunque destacan la de su cercanía a la capital y la importancia del ferrocarril a Veracruz a través de Puebla, con su importante “corredor” industrial, lo que hacía estratégico su control y facilitaba la represión al ejército huertista; además, ahí la población tenía menos carácter rural y más urbano-industrial, caracterizándose por una incorporación más tardía al proceso revolucionario.

Respecto al sur, en Guerrero había numerosas fuerzas rebeldes, como las del zapatista local Jesús Salgado, las de los hermanos Figueroa, rancheros ex maderistas de la zona limítrofe con Morelos, y las de Julián Blanco, en la costa de Acapulco, mientras en Oaxaca solo operaba Juan José Baños, por la zona de Pinotepa. Hacia el sureste, en Tabasco, había varios jefes rebeldes, como Pedro Colorado, Eugenio Aguirre Colorado y Carlos Green, pero sus acciones no llegaron a inquietar al gobierno. Su particular composición social, donde todavía predominaba el paternalismo de los finqueros sobre los peones, la lejanía de la frontera con Estados Unidos y de los escenarios revolucionarios, así como su virtual incomunicación, convirtieron al sureste en una región renuente a participar en la lucha antihuertista, como lo demuestra la inexistencia de procesos revolucionarios dignos de consideración en Campeche, Chiapas y Yucatán.

Hacia marzo y abril de 1914, luego de prepararse durante un par de meses, los ejércitos norteños iniciaron su avance al centro con el objeto de de salojar a Huerta de la capital del país. Juntos, Obregón por el occidente, Villa por el centro y Pablo González por el este, conformaban una fuerza arrolladora. La derrota de Huerta era inevitable e inminente, pues su ejército carecía del necesario espíritu de triunfo, operaba con una estrategia defensiva y estática, parapetándose en las principales ciudades, estaba escindido entre federales y “auxiliares” orozquistas, y debido a la crisis económica y diplomática del gobierno huertista no podía adquirir armas o municiones ni reclutar nuevos soldados, por lo que tuvo que apelar masivamente a la “leva” . Este procedimiento condenaba al ejército huertista a incorporar soldados inexpertos y carentes de simpatía por el gobierno que obligadamente defendían, lo que los hacía previsibles desertores que habrían de fugarse con armas y parque, o, peor aún, de incorporarse al ejército revolucionario.

A diferencia del movimiento rebelde, en continuo progreso desde sus inicios, el gobierno huertista padeció un constante deterioro. En términos políticos, la gran alianza conservadora que se formó con el cuartelazo de febrero de 1913 se desintegró pronto: en efecto, los pleitos con varios miembros de su gabinete, como Manuel Mondragón, Toribio Esquivel Obregón y Rodolfo Reyes, pero sobre todo con Félix Díaz y con la Cámara de Diputados, disuelta por él en octubre, le restaron representatividad, legitimidad y eficiencia. En términos diplomáticos, la llegada a la presidencia de Woodrow Wilson y la pérdida por parte de Huerta de la región norteña, donde se encontraban las principales inversiones norteamericanas, explican el creciente distanciamiento entre los gobiernos huertista y estadunidense.

En cambio, para no poner en predicamento dichas inversiones, las autoridades norteamericanas fueron obsecuentes con las diversas fuerzas rebeldes, tolerando su lenguaje nacionalista y algunas expresiones incontrolables de indisciplina popular. La pérdida de las aduanas fronterizas y de los ricos estados norteños, así como la antipatía de Woodrow Wilson, quien impidió cualquier préstamo o negociación comercial con Huerta, resultaron factores demoledores para la economía huertista, lo que a su vez trajo graves repercusiones militares, por la falta de recursos para adquirir pertrechos y para pagar los salarios de los soldados.

El inicio del derrumbe del huertismo puede ubicarse hacia abril de 1914, cuando empezó el avance al centro de los ejércitos norteños y cuando los marinos norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz para impedir que Huerta recibiera un embarque de armas procedente de Alemania. Obviamente, Estados Unidos pretendía colaborar en la caída del gobierno de Huerta para luego “cobrar” su ayuda al nuevo gobierno mediante ciertas concesiones a los intereses norteamericanos. El avance de los ejércitos norteños motivó y facilitó el estallido de numerosos alzamientos tardíos en los estados centrales del país.

A su vez, cada derrota del ejército huertista implicó deserciones y conflictos sociopolíticos; junto con estas derrotas, los abandonos y retiros estratégicos de los soldados que guarnecían las plazas hasta entonces huertistas se tradujeron en el paulatino aislamiento de la ciudad de México, cada vez más vulnerable. Con todo, el paso triunfal de los rebeldes no estuvo exento de dificultades. Cuando la División del Norte villista llegó a Zacate-cas en junio de 1914, Carranza decidió que solo los ejércitos de González y Obregón avanzaran a la capital del país, disponiendo que Villa permaneciera en el norte.

Esta decisión fue la última expresión de una larga serie de desavenencias entre ambos, producto de sus múltiples diferencias socioeconómicas y políticoideológicas. La escisión estuvo próxima a consumarse, aunque finalmente pudo llegarse a un acuerdo en una negociación hecha en Torreón: Villa seguiría al frente de la División del Norte, elemento fundamental en la lucha contra Huerta, aunque permanecería en el norte, y Carranza convocaría a una junta de generales tan pronto ocupara la ciudad de México, la que resolvería sobre las reformas sociales que se requerían y sobre quién sería el próximo presidente del país. Resuelto este problema, el avance revolucionario se hizo sin contratiempos: Obregón atravesó Sinaloa y Jalisco, ocupando Guadalajara, d esde donde se dirigió al centro; González lo hizo por Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro.

La facilidad del avance no refleja la importancia histórica del proceso. Para comenzar, el movimiento dejó de ser norteño y se convirtió en uno que abarcaba la mitad del país. La ampliación geográfica implicó la ampliación social, pues se incorporaron al proceso nuevos sectores sociales. Dado que el avance de los alzados obligó a las autoridades huertistas a huir, abandonando sus puestos, las fuerzas rebeldes y las clases medias urbanas no huertistas colaboraron en la poder. Asimismo, a la entrada de las fuerzas rebeldes se establecieron pac tos con las clases populares lugareñas, para las cuales se hicieron decretos obreristas y agraristas a cambio de su apoyo. Así, en pocos meses la lucha antihuertista se trasladó a nuevos escenarios e involucró a nuevos actores y grupos sociales, muy diferentes de los norteños, forzando a estos a proponer un proyecto de reconstrucción auténticamente nacional, en términos geográficos y sociales. En este proceso de alianzas políticas y compromisos sociales entre los rebeldes norteños y las clases medias y los sectores populares del país se encuentra el origen del Estado mexicano posrevolucionario.


EL CONSTITUCIONALISMO VERSUS LOS CONVENCIONISMOS

La Revolución Mexicana tomó un nuevo derrotero con la ocupación de la ciudad de México y el triunfo sobre el gobierno y el ejército huertistas, victoria plasmada en los Tratados de Teoloyucan, de agosto de 1914. Con ello el movimiento rebelde constitucionalista se hizo gobierno y su ejército pasó de revolucionario a pacificador. Otro cambio notable lo impuso el contacto con la zona central del país, que incluía la ciudad de México, capital y mayor urbe nacional, donde habitaba la mayor parte de los políticos; incluía también la más grande concentración industrial el país, que abarcaba la misma ciudad de México junto con Puebla, Tlaxcala y la zona adyacente a Orizaba; por último, incluía las regiones con mayores conflictos agrarios entre las haciendas y las comunidades campesinas vecinas, en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, y México. Fue entonces cuando el constitucionalista pasó de movimiento regional a seminacional.

El reto no era sencillo, pues se debía empezar a realizar labores gubernamentales a pesar de que se carecía de un proyecto cabalmente definido y de un equipo solvente en experiencia y suficiente en cantidad, situación que obligó a conformar un aparato político-burocrático compuesto básicamente de tres elementos: militares y políticos constitucionalistas de Coahuila, Sonora y otras zonas del noreste que tuvieran experiencia o capacidad administrativa; miembros de la clase media marginados por los
gobiernos porfirista y huertista, y la burocracia media y baja del antiguo régimen dispuesta y capaz de reciclarse. Con este aparato debía llevar adelante las reformas sociales a que se había comprometido. Para establecerse como gobierno debía satisfacer los reclamos socioeconómicos que le plantearon las clases populares, pero sin provocar el miedo y el rechazo de las clases medias y de los inversionistas extranjeros.

Había otras dificultades mayúsculas: para comenzar, el movimiento constitucionalista debía convertirse en un gobierno auténticamente nacional, lo que exigía extender su dominio al sur y sureste del país, regiones donde no se luchó contra Huerta, lo que hubiera implicado el debilitamiento de las élites aliadas y representantes del huertismo en la región, y el desarrollo de fuerzas revolucionarias locales. Así, el constitucionalismo debía extenderse a la mitad del país en que carecía de cuadros y partidarios y donde era previsible que enfrentara la oposición y el rechazo de las élites, las que conservaban casi contacto su poder.

El problema mayor consistía en que, derrotado el enemigo común –Huerta–, los victoriosos ejércitos rebeldes habrían de enfrentarse entre sí, pues todos ellos –constitucionalistas, villistas y zapatistas– deseaban imponer su proyecto de desarrollo al resto del país, a pesar de que los proyectos de las dos últimas facciones eran parciales y localistas. Si bien hubo un intento por resolver pacíficamente las controversias y llegar a un proyecto común, las diferencias eran insalvables. Por lo tanto, el inevitable conflicto asoló al país durante todo 1915, en la etapa conocida como la guerra de facciones. Los intentos conciliadores y las expresiones de hostilidad coexistieron y compitieron entre agosto y noviembre de 1914, meses de grandes redefiniciones. Por ejemplo, al tiempo que se derrotaba al huertismo estallaba la violencia en Sonora entre el gobernador Maytorena y los revolucionarios de clase media encabezados por Plutarco Elías Calles y Benjamín Hil. En términos nacionales el oligarca sonorense Maytorena se alió a Villa, mientras Calles y Hill, de la clase media, eran subalternos de Carranza y de Obregón. Asimismo, si bien los constitucionalistas no habían permitido que fuerzas zapatistas entraran a la ciudad de México a la caída del huertismo, por otro lado se iniciaron pláticas de avenimiento –fatalmente fallidas– entre ellos.

Otro ejemplo es el de la Convención, la que surgió como compromiso adquirido por carrancistas y villistas en los Pactos de Torreón, para que en una asamblea común se hicieran las propuestas políticas y sociales que requerían el movimiento y el país. Las sesiones comenzaron el 1º de octubre en la ciudad de México, pero sin la presencia de villistas y zapatistas. Debido a tan decisivas ausencias las sesiones pronto se suspendieron, acordándo se que se reanudarían el día 10 en Aguascalientes, plaza equidistante a la que sí se presentarían los villistas. En Aguascalientes comenzó la segunda de las varias fases que tuvo la Convención. En esta disminuyó la presen cia de los delegados carrancistas; en cambio, se contó con la presencia de los villistas y de los zapatistas, los que fueron representados por delegados de orige urbano como Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, q uienes exigieron que la Convención por entero reconociera la supremacía del Plan de Ayala. Es incuestionable que esta asamblea tenía mayor representatividad social que la anterior pues contaba con grupos populares que habían sido decisivos en el triunfo revolucionario. De otra parte, se declaró soberana, desconoció la jefatura de Carranza y ordenó a Villa que cediera el mando de su División del Norte.

Comprensible y previsiblemente, ninguno de los dos acató tales disposiciones: don Venustiano abandonó la ciudad de México y se dirigió en actitud bélica a Veracruz, plaza menos vulnerable que la capital y controlada desde abril por los marinos norteamericanos, quienes la desalojaron para que la pudieran ocupar los constitucionalistas, entre los que destacaba Cándido Aguilar, ranchero veracruzano ex maderista y uno de los primeros y más importantes apoyos de Carranza. A su vez, en lugar de renunciar al mando militar Villa procedió a ocupar Aguascalientes, maniobra que le dio el dominio real de la Convención. La guerra había comenzado: mientras Carranza iniciaba sus preparativos bélicos en Veracruz, las tropas convencionistas, con Villa al frente, avanzaron sobre la capital, donde convergieron con los zapatistas a finales de noviembre y principios de diciembre. Los bandos habían quedado definidos: los obregonistas resolvieron posponer sus ambiciones de mando y sus afanes de imponer su proyecto, permaneciendo como subalternos de Carranza. Por otra parte, villistas y zapatistas creyeron que siendo ambos de origen popular podían aliarse y luchar por imponer un proyecto común.

Pancho Villa, disconforme con la situación política, junto con sus ayudantes Tomás Urbina y Rodolfo Fierro, y con la colaboración de Emiliano Zapata, conquistaron la capital mexicana el 6 de diciembre de 1914, por lo que el triunfo de la revolución popular parecía confirmarse; pero los revolucionarios no intentaron formalizar una administración para gobernar la nación, quedó para la posteridad las reticencias para sentarse de el sillón presidencial entre Zapata y Villa para cuando debian hacerse la foto que inmortalizaría el momento. Con su acción y desconocimiento, el vacío de poder y el descontrol nacional se había agrandado.

El sucedido poco más o menos resultó de esta manera: se dirigieron al Palacio Nacional, fueron hasta el salón donde estaba la silla presidencial y se pusieron a discutir quién se sentaba en ella:
Villa decía:
-Que la tome zapata-
Zapata decía:
-No, que se siente Villa-
Villa decía:
-Zapata-
Zapata decía:
-No tú-
Villa decía:
-No, tú, bueno… Pues mejor Felipe Angeles, como ése era intelectual-
Y Felipe Angeles decía:
-No, que la tomes Zapata-
Y Zapata:
-No, pues que Pancho Villa se siente...

Y ahí estuvieron discutiendo largo rato, hasta que Zapata y Felipe Angeles que agarran a Villa y que lo sientan. Y es cuando se sentó.

Durante 1915, los gubernamentales o constitucionalistas, con ayuda estadounidense reflejada en material bélico, desde ametralladoras a cañones, dirigidos por Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, y Álvaro Obregón, gobernador, derrotaron a Pancho Villa en Zacaltecas y Celaya. Estados Unidos no deseaba un México gobernado por fuerzas populistas, que harían peligrar el rendimiento de sus empresas allí establecidas desde tiempos de Porfirio Díaz.

Tomás Urbina, tras la toma de Ciudad de México, se había negado a continuar con una revolución que no llevaba a ninguna parte, por lo que fue asesinado por orden de Pancho Villa. En la posterior batalla de Agua Prieta en el estado de Sonora, celebrada entre los días 1 y 2 de noviembre de 1915, los constitucionalistas de Venustiano Carranza dirigidos por el general Plutarco Elías Calles derrotaron definitivamente a Pancho Villa, con lo que finalizaron las andanzas villistas para obtener el poder y modificar, a su manera, el destino de los campesinos y trabajadores mexicanos. En 1928, desde la presidencia de la nación, Plutarco Elías fundó el Partido Revolucionario Institucional, PRI; su longevidad marcó el destino mexicano de buena parte del siglo XX.

Venustiano Carranza con la ayuda de Álvaro Obregón y otros generales reconstituyó una administración en enero de 1915, autodenominada constitucionalista.

El pacto que daría lugar a la unión de Zapata y Villa se realizó en Xochimilco a finales de 1914. Las amenazas de Villa contra Obregón influyeron en que este se definiera en favor del constitucionalismo, luego de algunas dudas sobre qué conducta seguir. Obregón, como otros varios, en un primer momento creyó en la posibilidad de crear un tercer grupo, ajeno a Carranza y a Villa. Todo parecía indicar que los ejércitos populares de Villa y Zapata vencerían a las fuerzas dirigidas por miembros de la clase media como Carranza y Obregón: el territorio carrancista se limitaba a Veracruz, y militarmente solo contaba con el mediocre Pablo González y con Obregón, hábil y capaz pero cuya lealtad era cuestionable. Por su parte, los villistas y los zapatistas dominaban el norte y el centro del país: la División del Norte era la más poderosa maquinaria militar del momento y los zapatistas constituían una fuerza tan enigmática como atemorizante.

A pesar de tales pronósticos, el resultado fue diametralmente distinto: en menos de un año los constitucionalistas derrotaron a los villistas y zapatistas, acabando con sus aspiraciones nacionales y convirtiéndolos en grupos guerrilleros limitados a sus respectivas regiones. Las explicaciones incluyen factores políticos, militares, económicos y sociales indiscutibles, pues desde muy pronto los resultados comenzaron a favorecer a los carrancistas.

Por ejemplo, considérese que al inicio del conflicto la facción convencionista dominaba ciudades como Puebla, Guadalajara, Torreón y Monterrey, además de la capital del país; sin embargo, un mes después ya había perdido las dos primeras poblaciones. Peor aún, a las pocas semanas de que Eulalio Gutiérrez fuera designado encargado del Poder Ejecutivo por la Convención, los villistas y zapatistas prácticamente lo desconocieron, amenazándolo gravemente, por lo que tuvo que huir de la capital a mediados de enero de 1915, llevándose consigo a un crecido número de convencionistas que pretendían crear un gobierno estable, legítimo y plural, que fuera independiente de Carranza pero también de Villa y Zapata. La escisión de Gutiérrez implicaba mucho más que la pérdida de un grupo de revolucionarios ilusos y débiles: era la pérdida del sector convencionista de clase media, compuesto por Lucio Blanco, Eugenio Aguirre Benavides y José Vasconcelos, entre otros, por lo que la pérdida no puede ser menospreciada.

La facción convencionista comenzó así su declive en términos de representatividad social, y al mismo tiempo vio duramente mermada su capacidad de diseño y administración gubernamental, de establecer nuevas alianzas políticas y sociales y de lograr la confianza de la población y de los gobiernos e inversionistas extranjeros. En suma, perdió toda posibilidad de conformar un gobierno pluriclasista y de alcance geográfico nacional. Gutiérrez fue sustituido por Roque González Garza, coahuilense dedicado al comercio y luego cercano colaborador de Madero, que en la lucha contra Huerta destacó en el grupo villista. Su nombramiento no trajo estabilidad al gobierno convencionista. Al contrario, ocupados los villistas en campañas militares distantes, pues fueron desafiados en el centro, el oriente y el occidente del país, las fuerzas carrancistas no tuvieron problemas para desalojar de Puebla a los zapatistas, ni para tomar –aunque fuera brevemente– la ciudad de México. El gobierno de González Garza y los legisladores convencionistas tuvieron que huir, refugiándose en el estado de Morelos, ambiente totalmente ajeno a González Garza y a los delegados villistas. Es evidente que desde un principio la Convención se caracterizó por su permanente secesionismo, su destino itinerante y su dependencia de la situación militar de sus caudillos, Villa y Zapata.

Cuando a mediados de marzo de 1915 Obregón abandonó la ciudad de México para irse a luchar al centro del país, fue recuperada inmediatamente por los convencionistas, ya con mayoría de delegados surianos pero con González Garza al frente del Ejecutivo. Las presiones sufridas por este fueron constantes, y terminó por renunciar a mediados de junio, siendo sustituido por Francisco Lagos Cházaro. Si bien el nuevo gabinete fue dominado por zapatistas y la representatividad del villismo quedó prácticamente extinta, Lagos Cházaro no compartía el proyecto zapatista. Es obvio que la Convención nunca tuvo un auténtico líder político, y sí en cambio tres vulnerables y débiles presidentes. La fragilidad de estos era doble: por un lado, el poder lo detentaban los caudillos militares, ya fuera Villa o Zapata, o sus principales lugartenientes; por el otro, el parlamentarismo que campeaba en esta facción siempre puso al jefe del Ejecutivo por debajo de los principales ideólogos y asambleístas, entre quienes sobresalía Antonio Díaz Soto y Gama, viejo liberal potosino.

El desorden gubernamental, la falta de cohesión sociogeográfica y el ser un proyecto uniclasista fueron las mayores características de la Convención. En cambio, la facción constitucionalista siempre tuvo el mismo liderazgo incontrovertible. Al margen de los problemas habidos entre los militares y los políticos civilescercanos a don Venustiano, el constitucionalismo solo tuvo un jefe, Carranza, experimentado y legitimado, quien también ejerció el dominio necesario sobre los jefes militares en campaña. Sobre todo, en 1915 el constitucionalista era un grupo con la disciplina suficiente para conservar su unidad, estructura, identidad y proyecto. En cambio, el convencionismo estaba constituido a partir de una alianza reciente entre grupos norteños populares con campesinos tradicionales del centro y sur del país. Dicha alianza era imposible de sostener, pues pronto sobrevinieron entre ellos diferencias sociales e ideológicas que minaron su fuerza militar.

Obviamente, las pocas clases medias con que al principio contaba esta facción se alejaron rápidamente, o permanecieron en ella pero sin mayor poder e influencia, lo que debilitó la capacidad gubernativa de sus gobiernos. La facción convencionista también resultó inferior en el aspecto militar, pues estaba compuesta por dos ejércitos distantes y con muy distintos componentes, recursos y estrategias. A pesar de lo mutuamente prometido en el Pacto de Xochimilco, nunca hubo una verdadera colaboración entre ellos.

Mientras los villistas sabían que primero había que obtener el triunfo militar, los zapatistas estaban convencidos de que lo prioritario era reorganizar totalmente su región –en términos políticos y de estructura de la propiedad agraria y luego exportar su modelo al resto del país. Esto explica que mientras los villistas estuvieron comprometidos en una cruenta guerra en varias regiones del país, como el Bajío –Celaya– o la zona petrolera –El Ébano–, los zapatistas solo sostuvieron una tenaz guerra defensiva, con el objetivo de conservar aislada su región.

Además de la falta de cooperación suriana, los villistas se vieron afectados por problemas con el abasto de armas y municiones. Hasta agosto de 1914 habían dispuesto de un muy accesible mercado fronterizo norteamericano; sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que los países europeos amigos de Estados Unidos buscaran adquirir toda la producción militar norteamericana, lo que provocó que Villa solo pudiera adquirir armamento viejo o usado, así como algunos pertrechos provenientes del mercado “negro”, comprensiblemente con precios abultados. Por otra parte, dado que los constitucionalistas fueron los primeros en ocupar la ciudad de México, tomaron control de las y mantenidos por el huertista. Si bien el mercado europeo se había tornado inaccesible y el estadunidense se había dificultado enormemente, el constitucionalismo contó cuando menos, a diferencia del villismo, con cierta producción propia de municiones y con posibilidades de reparar las armas que lo requerían.

En la guerra de “facciones” también influyeron los factores tácticoestratégicos. Para comenzar, Carranza calendarizó adecuadamente la contienda: conocedor de la inclinación defensiva y localista de los zapatistas, decidió enfrentar primero al villismo con todos los elementos de que disponía,sin distraer fuerza alguna contra un ejército –el zapatista– que no saldría de su región para hacerle la guerra. Además, los constitucionalistas tenían la experiencia de operar divididos –cuando menos en ejércitos del Noreste y del Noroeste–, a diferencia de la División del Norte, siempre unida, que ahora tuvo que partirse para luchar simultáneamente en varios el ejército huertista, la “carga” de caballería, no funcionó contra las fuerzas constitucionalistas: no era lo mismo atacar a los aterrados huertistas, parapetados en ciudades y poblaciones, que luchar contra las novedosas trincheras constitucionalistas, claves en el resultado de los combates del Bajío.

Otro factor fundamental en el resultado de la guerra de “facciones” fue el económico. Por un lado, los zapatistas procedieron inmediatamente contra las haciendas, lo que, al margen de la justicia de dicha decisión, significó un golpe mayúsculo a la economía local. Por el otro, Chihuahua era el único estado del país donde la violencia había sido constante desde finales de 1910, por lo que la destrucción era más severa; además, la política económica del villismo se había basado en la confiscación de los bienes –haciendas, ranchos, ganado y algodón, entre otros– de la oligarquía local, administrando los primeros y exportando a Estados Unidos el algodón y la carne, la que también vendía a precios subsidiados en las poblaciones norteñas, lo que le dio gran popularidad entre sus habitantes. Previsiblemente, para 1915 dichos bienes se habían consumido. Así, Villa enfrentaría la etapa más violenta de la Revolución Mexicana sin recursos para reclutar soldados y adquirir armas, para colmo súbitamente encarecidas por la gran demanda europea.

En cambio, los constitucionalistas, al avanzar al centro, oriente y sureste del país, pasaron a dominar ricas regiones que aún no habían sido dañadas por la violencia, pues esta llegó a esas zonas a partir de principios de 1915. Por ejemplo, al derrotar a Huerta adquirieron el control de las zonascerealeras de Querétaro y el Bajío; asimismo, al ocupar la ciudad de México, y luego Puebla, Tlaxcala y Veracruz, los constitucionalistas se posesionaron de las zonas fabriles más importantes del país. Más significativo resultó el control de la exportación petrolera a través de algunos puertos del Golfo, pues les permitió disponer inmediatamente de una constante entrada de divisas. Lo mismo podría decirse de la participación estatal en la exportación del henequén, luego de ocupar Yucatán. Por si esto fuera poco, la facción convencionista dominó la ciudad de México, salvo unas cuantas semanas, de finales de 1914 a agosto de 1915.

Aunque esto pudo ser visto como una señal de fortaleza militar y política, en realidad dicho control la obligaba a responsabilizarse de la alimentación de la mayor concentración de población del país, precisamente cuando se sufría una dramática crisis agrícola; también se requerían recursos para brindar los obligados servicios de sanidad y seguridad; esto es, enfrentar las epidemias que brotaron y combatir una desenfrenada delincuencia, provocada por las extremas necesidades de sobrevivencia y facilitada por el desorden gubernamental y la incapacidad policial.

Los constitucionalistas, en cambio, no tuvieron que pagar los altos costos que implicaba ocupar la ciudad de México. La expansión constitucionalista al centro, oriente y sureste del país le dio, además de recursos económicos, la posibilidad de reclutar contingentes humanos frescos. Asimismo, le dio legitimidad nacional y cierto prestigio internacional.

El crecimiento geográfico traía aparejado el aumento de su representatividad social. Así, mientras la facción constitucionalista llegaba a tener alcance nacional, la convencionista terminó por quedar constituida por dos fuerzas regionalistas distantes; en efecto, para 1916 los zapatistas radicalizaron su naturaleza localista y los villistas retornaron a sus límites geográficos originales: Chihuahua y parte de Durango. Sobre todo, dado que la expansión geográfica implicaba un aumento de su representatividad social, el constitucionalismo pudo desarrollar una política doble: por un lado favoreció el ascenso de la clase media; por el otro, sin aterrorizar a la burguesía, salvo a la relacionada con los “científicos” o con el intento restaurador huertista, atrajo a los sectores populares mediante reformas y concesiones sociales, destacando decretos agraristas como la Ley del 6 de enero de 1915 y pactos con el movimiento obrero, como los que dieron lugar a la creación de los Batallones Rojos.

Aun concediendo que no fuera sincero este populismo carrancista, y suponiendo que solo buscaba sustraerle bases populares a la facción convencionista, lo cierto es que el zapatismo no pudo incorporar a los grupos campesinos de los estados vecinos ni se interesó por establecer una alianza con el proletariado del centro del país, crítica que puede extenderse al movimiento villista, que pronto perdió varios de los numerosos apoyos populares con los que antes había contado. De hecho, desde la lucha contra el huertismo varios jefes constitucionalistas, de procedencia social e ideología política diferentes a las de Carranza, decretaron medidas agraristas y obreristas en las regiones que iban liberando: así lo hicieron, entre muchos otros, Pablo González y Francisco Coss en Puebla y Tlaxcala; y así lo había hecho Lucio Blanco en la hacienda de Borregos, del estado de Tamaulipas. Ilustrativamente, el año más radical de los constitucionalistas fue 1915, aquel en el que lucharon contra los convencionistas.

El acercamiento o el alejamiento de los diversos grupos sociales dependió del proyecto de cada facción, y la viabilidad de cada proyecto estuvo determinada por la fuerza política y militar de la facción que lo sostuviera. A mediados de 1915 el triunfo constitucionalista era inminente: había derrotado al villismo en Celaya, León y Aguascalientes, en El Ébano, en Jalisco, y en Nuevo León y Coahuila, y entre julio y agosto arrebató a los zapatistas la ciudad de México, lo que obligó a Lagos Cházaro y a los delegados de la Convención a reiniciar sus aventuras itinerantes antes de terminar en
una auténtica diáspora. A pesar de su derrota, fue en abril de 1916 cuando la Convención promulgó, en Jojutla, su Programa de Reformas Político- Sociales, documento de ideología agrarista que pudo elaborarse cuando la representatividad de la Convención se reducía al zapatismo y cuando ya no estaba en condiciones de imponer dicho proyecto al resto del país.

De hecho, apenas un mes después, en mayo de 1916, lo poco que quedaba del gobierno de la Convención acordó su propia disolución. El gobierno de Carranza había sido reconocido por el norteamericano en octubre de 1915, como resultado de su triunfo nacional, por lo que pudo dedicar el resto de ese año y todo 1916 a consolidar su triunfo, a ampliar su dominio territorial y a preparar y afinar su proyecto gubernamental .


VIRTUDES Y LÍMITES DEL CARRANCISMO

La lucha entre constitucionalistas y convencionistas no había permitido a ninguno de estos grupos ejercer normalmente sus funciones gubernamentales. Solo después de haber triunfado comenzó la etapa propiamente gubernativa de los primeros, que se dividiría en dos fases, preconstitucional y constitucional, siendo mayo de 1917 la línea divisoria.

El año de 1916 se caracterizó por sus numerosas y graves dificultades, permaneciendo el problema militar como el predominante. Si bien el gobierno de Carranza había obtenido triunfos considerables en las campañas contra el villismo y el zapatismo, aún le faltaba tomar control de los reductos de ambos grupos. Por otro lado, Manuel Peláez y su ejército de “guardias blancas” impedían que el gobierno dominara buena parte de la región petrolera, en la costa superior del Golfo de México.

Asimismo, Félix Díaz penetró al país a principios de 1916 por la costa tamaulipeca, y luego de una odisea que le tomó un año y lo llevó por Oaxaca, Chiapas y Guatemala, regresó por Veracruz para realizar una cruzada contrarrevolucionaria con desiguales éxitos, hasta mediados de 1920. Asimismo, había rebeliones de consideración en Oaxaca, donde estaban en armas los “soberanistas”, que se oponían a los cambios revolucionarios; en Chiapas, donde los finqueros, apoyados por sus peones, encabezaban la lucha; y en Michoacán, con un movimiento encabezado por José Inés Chávez García, quien era considerado por muchos como un simple bandolero.

Uno de los mayores problemas del año 1916 fue, al mismo tiempo, militar y diplomático. Sucedió que como represalia por la violenta incursión de Villa al pueblo de Columbus, Nuevo México, el gobierno norteamericano envió una fuerte columna “punitiva”, la que permaneció en México de abril de 1916 a febrero de 1917 pero que obtuvo resultados contrarios a sus objetivos. En efecto, en lugar de infligir una seria derrota a Villa, propició una reacción nacionalista entre los antiguos villistas, quienes reiniciaron actividades hasta alcanzar una considerable recuperación. El ánimo nacionalista trascendió a la facción villista y a su espacio regional.

Coherente con su ideología y ante el riesgo de perder numerosos apoyos populares y de la clase media, el gobierno carrancista criticó de manera firme la invasión estadunidense. De hecho, es indudable que la presencia en suelo mexicano de las tropas punitivas radicalizó el nacionalismo de varias autoridades carrancistas y de los diputados constituyentes que habrían de sesionar en Querétaro para promulgar la nueva Constitución, lo que se manifestó en el Es indiscutible que a pesar de la intensidad de todas esas campañas militares, la situación mejoró en comparación con la de los tres años precedentes.

En efecto, 1916 también se caracterizó por un claro proceso institucionalista y por el predominio de las actitudes moderadas en la facción vencedora. En tanto los villistas y zapatistas pasaron de ser una grave amenaza nacional a ser dos simples problemas regionales, el gobierno carrancista dejó de requerir apoyos populares masivos, por lo que comenzó a revertir su tendencia de hacer grandes concesiones sociopolíticas a tales ecretada por Salvador Alvarado en Yucatán, limitó los alcances de su propia legislación agraria –la Ley del 6 de enero de 1915– y, sobre todo, reprimió severamente la huelga de julio y agosto de 1916 en la ciudad de México, cuando los trabajadores electricistas demandaron que se les pagaran sus salarios en metálico pues el papel moneda sufría constantes o abruptas devaluaciones.

El ánimo por crear nuevas instituciones, los avances en la consolidación del gobierno carrancista y las diferencias entre las tendencias reformista y moderada al interior del amplio grupo constitucionalista se manifestaron claramente en los debates y la redacción de la Constitución de 1917. A pesar de haberse rebelado contra Huerta prometiendo la restauración de la Constitución de 1857, las limitaciones que desde un principio esta había mostrado y su falta de consideración a los intereses de las comunidades campesinas, que eran los grupos sociales decisivos en el triunfo del proceso revolucionario, obligaron a Carranza y a su grupo a optar por la redacción de una nueva Constitución.

Además, las concesiones hechas a los campesinos y los obreros mediante la abultada legislación social de los períodos bélico y preconstitucional, obligaban a que la nueva Constitución estuviera en consonancia con dicha tendencia, so pena de que no fuera aceptada por los principales actores de la lucha revolucionaria y de que provocara una gran inestabilidad al no tomar en cuenta los enormes cambios sociopolíticos en proceso en el país desde las postrimerías del Porfiriato, los que se habían acelerado y radicalizado durante la lucha revolucionaria.

Esto explica el debate habido entre Carranza y sus íntimos, de tendencias moderadas, contra un abigarrado grupo de constitucionalistas de posturas progresistas. La división no puede ser maniquea, pues entre los diputados más progresistas destacaron varios carrancistas, como Pastor Rouaix y Francisco J. Múgica. Además, los artículos más progresistas, como el 27º y el 123º, fueron aprobados unánimemente. Este común denominador básico entre las diferentes corrientes constitucionalistas permitió que se llegara al acuerdo de promulgar una Constitución que recuperó, combinó y cristalizó las principales propuestas de las diversas tendencias revolucionarias. Convocadas las elecciones de diputados constituyentes para octubre de 1916, los debates tuvieron lugar en Querétaro entre ese diciembre y enero de 1917.

Si bien en algunos aspectos hubo, a todo lo largo de la lucha armada, planteamientos más radicales, es indudable que la Constitución de 1917 fue la única propuesta completa de reorganización nacional; además de gran amplitud ideológica tenía legitimidad política y representatividad sociogeográfica. No solo era la bandera de la facción vencedora sino que era la única propuesta que garantizaba la estabilidad social y la creación de un nuevo Estado; sobre todo, era la única capaz de consolidar y reglamentar el profundo proceso de transformación que estaba experimentando el país, al pasarse del México porfiriano al revolucionario.

La puesta en vigor de la nueva Constitución y el inicio de la presidencia constitucional de Carranza, en mayo de 1917, dieron comienzo al México posrevolucionario. Sin embargo, todavía faltaban tres años para que concluyera la lucha armada y se estableciera el auténtico Estado posrevolucionario.

Durante su presidencia don Venustiano enfrentó graves problemas de diversa índole: políticos, militares, económicos, internacionales y, sobre todo, sociales. Para comenzar, la entrada en vigor de la Constitución obligaba a la puesta en práctica de procedimientos políticos prácticamente desconocidos en el país.

Después de los treinta años del Porfiriato y de los siete años de lucha revolucionaria, para no hablar de casi todo el siglo XIX, se tenía que empezar a elegir a las autoridades, desde presidente del país hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores, senadores y diputados; asimismo, después de los varios años de lucha armada los poderosos jefes militares debían obedecer a las nuevas autoridades civiles; por último, tenían que comenzar a imperar las libertades de asociación y expresión.

Eran enormes las dificultades para construir un régimen democrático en un país que carecía de la cultura política y de las instituciones adecuadas y cuya historia reciente había oscilado entre el autoritarismo y el desorden. Obviamente, los problemas militares no desaparecieron con la restauración de la vida constitucional. Carranza tenía que continuar su campaña de pacificación; de lo contrario, varias regiones del país seguirían fuera de su control y de la legalidad, ajenas al proceso de cambio revolucionario. Si bien tenía que seguir reduciendo la fuerza de los villistas y zapatistas, la lucha contra estos fue insensible en términos sociales, contraproducente en términos políticos e innecesariamente violenta: por entonces murieron dos revolucionarios imprescindibles: Emiliano Zapata, víctima de una celada, y Felipe Ángeles, fusilado. El desprestigio del gobierno de Carranza creció notablemente.

Por otra parte, tenía que empeñar varias campañas contra otros grupos rebeldes, como los cedillistas de San Luis Potosí y los arenistas de Tlaxcala. Asimismo, se tuvo que luchar contra varios grupos de bandoleros, entre los que destacó el encabezado por José Inés Chávez García, suficientemente numeroso como para asolar el estado de Michoacán entre 1916 y 1918. Por último, también se debía combatir a varios grupos rebeldes denominados genéricamente contrarrevolucionarios, entre los que destacaban las fuerzas de Peláez y Félix Díaz, que operaban en la región petrolera y en la zona central de Veracruz, respectivamente, así como los rebeldes “soberanistas” de Oaxaca y los ejércitos de los finqueros de Chiapas. Para colmo, Carranza tuvo que enfrentar todos estos desafíos con un ejército deficiente, indisciplinado y mal armado.

Lo generalizado de las campañas militares provocó numerosos conflictos políticos, pues si la restauración constitucional obligaba a que los militares cedieran sus atribuciones políticas y extralegales previas, por otro lado lo imprescindible de sus actividades les daba un inmenso poder, lo que provocó constantes enfrentamientos con las autoridades civiles, comprensiblemente interesadas en reducir el poder de los militares. Las campañas militares también trajeron numerosos problemas sociales, pues dieron lugar a graves excesos contra la sociedad civil. Por último, las campañas militares agravaron el problema económico que acosaba al país, pues con ellas continuaba la destrucción de la riqueza nacional y el gobierno tenía que destinar gran parte del presupuesto al renglón militar. La reactivación de la economía era impostergable, dado que ya habían pasado más de siete años de destrucción constante, en especial en las zonas agrícolas y mineras. Los daños en las líneas férreas y el material rodante fueron igualmente severos, al grado de dificultarse toda actividad económica por la falta de insumos y por los obstáculos para cualquier comercio mayoritario.

Asimismo, buena parte de la fuerza de trabajo del país había muerto o quedado inutilizada durante la lucha armada, y otra parte igualmente considerable aún formaba parte de cualquiera de los ejércitos en armas. El problema era cualitativo además de cuantitativo: el exilio de numerosos hacendados, empresarios, intelectuales y profesionistas había dejado al país sin buena parte de los sectores con mayor capital humano. Para colmo, la Primera Guerra Mundial impidió que fluyeran a comercio y la inversión extranjera, factores que también pospusieron la reactivación de la economía nacional.

La Primera Guerra Mundial también trajo a Carranza varios problemas diplomáticos mayúsculos, sobre todo cuando el gobierno estadunidense presionó al de México para que abandonara su neutralidad y actuara en favor de los países aliados, o cuando posteriormente le reclamó su supuesta germanofilia. Recuérdese que según el famoso telegrama del canciller germano Zimmermann, el gobierno alemán apoyaría cualquier intento de México por declararle la guerra a Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos en 1848, con tal de que los ejércitos norteamericanos se ocupados en su frontera sur y no pudieran ser enviados al frente europeo. Experimentado político, don Venustiano sabía que Alemania no estaba en condiciones de cumplir sus ofrecimientos, por lo que Carranza rechazó involucrar a México en tan insensata aventura.

A pesar de ello se ganó fama de germanófilo. Por eso en 1919, al término de la contienda europea, hubo varios políticos norteamericanos –como el senador por Nuevo Mexico, Albert Fall– que exigieron un castigo ejemplar contra Carranza por su conducta contraria a Estados Unidos a lo largo de esos años. Dado que la presidencia de Carranza habría de concluir a finales de 1920, Woodrow Wilson no quiso tomar una decisión que pudiera afectar los cuantiosos intereses estadunidenses en México y prefirió dejar que México siguiera su evolución como país posrevolucionario, presionando tan solo para que tendiera hacia la moderación y la institucionalización, y no hacia el radicalismo.

La estrategia de Woodrow Wilson probó ser acertada, pues la evolución del proceso mexicano pronto tuvo una candidatos serían Álvaro Obregón, distanciado ya de Carranza pero con fuertes apoyos entre numerosos sectores revolucionarios, militares y civiles, urbanos y rurales, populares y de clase media, e Ignacio Bonillas, viejo funcionario –en ese momento era embajador en Washington– que gozaba de la confianza de don Venustiano pero que era desconocido entre los soldados revolucionarios y la opinión pública. Para colmo, la actitud nacionalista del gobierno mexicano provocó que Bonillas no fuera bien visto en los círculos de Washington, los que preferían a Obregón.

Dado que durante varios años el Ejército Nacional –Constitucionalista hasta mayo de 1917– había sido la institución con mayor organización y fuerza política en todo el país, y dado el desnivel que había en cuanto a redes sociopolíticas, prestigio y popularidad entre Obregón y Bonillas, para que el grupo de Carranza conservara el mando necesitaba acudir a tácticas imposicionistas. Sin embargo, dicho grupo estaba doblemente debilitado desde que don Venustiano escogió a Bonillas sobre el general Pablo González, quien también era un candidato natural a la presidencia. Aunque se argumentó la necesidadde que el civilismo se impusiera al militarismo, desplazar a un militar –ya fuera Obregón o González– para imponer a un civil –Bonillas– era imposible en las condiciones que atravesaban el país y el gobierno carrancista.

Al romper con el general Pablo González, quien pretendía ser su sucesor, el grupo político de don Venustiano quedó prácticamente inerme. Sus principales tácticas imposicionistas fueron designar a un jefe de operaciones militares procarrancista en Sonora; intentar dividir al grupo sonorense, para lo cual se invitó a Plutarco Elías Calles al gabinete de Carranza, y tratar de desprestigiar a Obregón, involucrándolo con las actividades del rebelde contrarrevolucionario Roberto Cejudo. La respuesta de
todos ellos fue organizar la revuelta de Agua Prieta, a mediados de 1920. La lucha fue breve y prácticamente incruenta.

Las actitudes, declaraciones y posturas procivilistas de Carranza dieron lugar a que no contara con el apoyo del ejército, por lo que casi a solas tuvo que huir de la ciudad de México, encontrando la muerte en el poblado de Tlaxcalantongo, en plena sierra poblana.

Esta rebelión se caracterizó por el aislamiento en que terminó Carranza y por los múltiples apoyos conquistados rápidamente por Obregón. Numerosas organizaciones políticas, tanto progubernamentales como opositoras, y varios grupos rebeldes de muy distinto signo, se adhirieron al movimiento aguaprietista, que comenzó a ser visto como una lucha unificadora. Según don Venustiano, sus diferencias con los villistas, zapatistas y demás grupos de ex revolucionarios solo podían resolverse militarmente, que dicho conflicto era sociopolítico: en lugar de pelear contra ellos, se les debía incorporar al nuevo Estado. Conscientes de que el modelo carrancista de Estado posrevolucionario contradecía su origen, naturaleza y compromiso, condenándose a la inestabilidad crónica, los jefes sonorenses se mostraron dispuestos a hacer las concesiones políticas y sociales que justamente exigían los grupos que habían sido tan importantes a todo lo largo de la prolongada contienda.

Por lo tanto, debe reconocerse que el Estado posrevolucionario mexicano nació en 1920, pues solo entonces lo conformaron, con distintos grados de beneficio e influencia, todos los grupos fundamentales en el proceso revolucionario. A partir de 1920 asumió el poder una clase media, distinta de antiguo régimen. El poder de estas nuevas clases medias partía sectores populares del país. Si bien estos ya no reclamaban la conducción nacional, como lo habían hecho en 1915 en la Convención, a cambio de su apoyo y subordinación obtuvieron apreciables concesiones sociales y políticas. Con todo, esta alianza no implicaba que el Estado mexicano posrevolucionario fuera radical, pues las clases medias que habían alcanzado el poder durante la rebelión aguaprietista también pactaron con los alzados contrarrevolucionarios, quienes representaban a diversas élites regionales, y con algunos sectores políticos ex porfiristas, quienes pudieron regresar del exilio. También encontró el apoyo de Estados Unidos, quien vio en Obregón la única posibilidad de construir un Estado estable.

Ya en 1923 se produciría el asesinato de Pancho Villa a manos de Jesus Salas Barraza y Miguel Trujillo, le dispararon más de 100 disparos cuando circulaba con su coche dodge de camino a su finca en Hidalgo del Parral (Chihuahua). Tuvo el mismo destino que Emiliano Zapata,  sus vidas revolucionarias les granjearon muchos y poderosos enemigos, sobre todo de parte del imperialismo yanki y sus cómplices mejicanos.  Su asesinato puso fin a una larga trayectoria de lucha revolucionaria, que había comenzado al lado de Francisco Madero en la década de 1910 


Es incuestionable que la Revolución Mexicana fue el acontecimiento nacional más importante del siglo XX, en tanto que produjo un nuevo Estado, dominado por unas clases medias no radicales pero que entendieron la necesidad de satisfacer los principales reclamos de los grupos populares que habían participado decisivamente en la lucha revolucionaria.


La Revolución Mexicana, primera de los acontecimientos revolucionarios que jalonarían este siglo, se adelantó al proceso revolucionario proletario por excelencia que fue la revolución Soviética. Había sido un proceso bélico y político de diez años de duración, el que implicó la movilización y el ascenso de los sectores medios y populares. Implicó también la sustitución de las élites porfirianas.

La Revolución comenzó siendo encabezada por miembros disidentes de estas élites, como Madero y Carranza, apoyados por numerosos grupos de clase media y algunos elementos populares. Posteriormente la nueva clase media –Álvaro Obregón– asumió el control y liderazgo, creciendo en importancia la participación popular, personificada por Villa y el zapatismo. A la postre Carranza se convirtió en símbolo de la Revolución antioligárquica liderando la Nueva Constitución de México de 1917. Tras 7 años, la Revolución inició su institucionalización, y cronológicamente fue girando hacia la derecha. Desde los asesinatos de Carranza (1920), Zapata (1919) y Villa (1923), como el proceso de burocratización periódico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernando durante 81 años (1929-2000).  

                      
HASTA LA ACTUALIDAD
                                                                                     
Lázaro Cárdenas, fue investido Presidente de México en el 1934 con el Partido de la Revolución Mexicana – antecedente del PRI – conformado por históricos de la “Revolución”, y miembros sindicales de las centrales obreras. Cárdenas con su “populismo” -como Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955) o Getulio Vargas en Brasil (1930-1954)- buscaba la convergencia de la unión nacional interclasista con la independencia internacional. La reforma agraria inspirada en las tesis de Zapata, la nacionalización de los recursos como el petróleo, los “ejidos” a los campesinos e indígenas mexicanos para darlos tierras contra los latifundios, tal y como anunciaba la Constitución de 1917 pero que no se puso hasta entonces a la práctica, e incluso, fue el único país, excepto la URSS, que dio respaldo al gobierno republicano español durante la Guerra Civil (1936-1939) contra el levantamiento del bando fascista, siendo México posteriormente el exilio político de muchos republicanos derrotados que huían de la dictadura franquista,... fueron algunas acciones progresistas de Cárdenas.

Las reformas y acciones de izquierdas de Cárdenas empezaron a esfumarse con nuevos presidentes del PRI desde 1940. Manuel Ávila Camacho, presidente posterior de Cárdenas, inició el giro a la derecha con la paralización de la reforma agraria dando tierras a terratenientes contra los “ejidos”, transformó la educación socialista por la educación mercantil, en parte privada y religiosa, y fortaleció las relaciones con Estados Unidos con un acuerdo comercial en diciembre de 1942, entre otros. La “Revolución” empezó su paso atrás, ampliando la dependencia de México con el exterior con el modelo de Industrialización por Sustituciones de Importaciones (ISI) y el aumento de la represión al movimiento obrero.

En el año 1968, con el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, acusado por el periodista Philip B. Agge, de ser colaborador de la CIA, se produjo una represión brutal e histórica, “la Matanza de Tlatelolco”. Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el apoyo de profesionales de otros sectores, realizaron el 2 de octubre protestas en la Plaza de las Tres Culturas contra las permanentes represiones militares a estudiantes movilizados inspirados en el Mayo Francés de 1968. Dado que las Olimpiadas se realizaban en México entre el 12 y 27 de octubre, y el país era la atención mundial del periodismo, los estudiantes se manifestaron para dar a conocer los hechos sucios, pensando que el estado se cohibiría. Pero, fue un mal cálculo. Las tropas militares y el grupo paramilitar Batallón Olimpia reprimieron duramente a los manifestantes, provocando, según investigaciones del periodista inglés John Rodda, 250 muertos y miles de detenidos.

Los avances de políticas sociales del PRI con Cárdenas, cada vez eran mes lejanos. En el 1989, el PRI aprobaba reformas neoliberales extremas dictadas por el “Consenso de Washington” como “solución” de la crisis económica de México después de la Suspensión de Pagos de 1982 por no poder devolver, debido a la subida del dólar, los amplios créditos que pidió México. El modelo neoliberal en México, pasó a nivel supranacional en el 1994 con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari junto con George Bush (padre) y el presidente canadiense Brian Mulroney, para abrir las fronteras de los 3 países a la libre circulación de bienes y servicios.

Con el dumping –subvención del estado para reducir los precios – los productos mexicanos no podían competir con los productos de los otros dos países y provocó un aumento del paro, y de la economía informal, de 8,9 millones en 1996 a 10,7 millones en 2003, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). Paralelamente a las inclinaciones neoliberales del PRI, el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el Subcomandante Marcos, inició una insurrección armada declarando la guerra al estado mexicano justamente en la fecha que entraba en vigor el TLCAN. El conflicto duró 12 días y dejó decenas de muertos en varios municipios, como San Cristóbal de las Casas, en el estado sureño de Chiapas. La guerrilla Zapatista inició una nueva estrategia local de lucha social diferente a la de 1810 y 1910; “Cambiar el mundo sin coger el poder”, según palabras del Subcomandante Marcos.

EL PRI conoció la derrota en las elecciones presidenciales de julio de 2000 por el Partido de Acción Nacional (PAN), convirtiéndose Vicente Fox en el Presidente. Sin cambios, los pactos neoliberales proamericans continuaron con el nuevo gobierno, liderando México el proyecto centroamericano “Plan Puebla Panamá” de construir infraestructuras para potenciar el comercio liberal. Con el PRI y el PAN, México se ha convertido en un deshielo de datos sobre las consecuencias del neoliberalismo.

Millones de mexicanos han emigrado a los Estados Unidos, muchos de ellos ilegalmente si consiguieron pasar el muro fronterizo, conocido como el Muro de la Tortilla, un proyecto de construcción de 1123 kilómetros. La desigualdad económica aumenta según los datos del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD) del 2010, reduciendo México dos lugares de la lista mundial respecto al 2009. Además, el asesinato de mujeres, denominado “feminicidio”, en Ciudad Juárez, da un total de 1014 víctimas en los últimos 10 años según Fabiola Alanís, y el aumento del narcotráfico desde la formación en los años 90 de varios cárteles de la droga ha producido una guerra que ha dejado más de 22743 muertos desde 2006, según cifras oficiales el pasado mes de abril. En el año 1810, México inició la lucha armada contra el reino español por la independencia. En el 1910 inició la Revolución Mexicana, y  más de 100 años después, ¿sucederá algún hecho de cambio político antes de acabar estos años próximos? Parece que no se repetirá lo historia. “Las revoluciones no se hacen por calendario” asegura el profesor de la UNAM y miembro del Partido Comunista Mexicano, Juan Bromo.

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